Verdades y mentiras sobre la reforma de las pensiones

Escrito por Jordi Escuer Viernes, 12 de Marzo de 2010 14:42

Sindical

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

No al retraso de la edad de jubilación

La mal llamada reforma de las pensiones pretende recortar las remuneraciones de los futuros pensionistas en los próximos años y, a corto plazo, estimular la contratación de seguros de pensiones privados, de lo que se beneficiará  el sector financiero privado que además de recibir ingentes cantidades de dinero del erario público de distintas maneras, quiere absorber el máximo posible de los ahorros de las familias. En este texto se desmenuzan las falsedades sobre las que se nos bombardea cotidianamente sobre el sistema de pensiones.

«Se quiere reformar el sistema de pensiones para garantizar ese derecho»

Falso. Lo que se busca es reducir el gasto en pensiones con las siguientes medidas:

• Retrasando la edad de retiro hasta los 67. Habrá que trabajar dos años más para poder jubilarse o, si te jubilas antes —pues las empresas suelen «deshacerse» de los trabajadores de más edad mucho antes de la edad de jubilación—, lo harás con una pensión menor. Un informe patrocinado por las Cajas de Ahorros en 2007 planteaba retrasarla hasta los 70 años.
• Aumentando de 15 a 17 el número de años para tener derecho a la pensión contributiva mínima. Si no se llega a ese mínimo sólo tienes derecho a una pensión no contributiva que es sustancialmente más baja (entorno a los 400 euros mensuales).
• Aumentando el número de años necesarios para tener derecho a la pensión contributiva máxima. Es una propuesta que hizo el año pasado el Banco de España. Ahora está establecido en 35, pero hay propuestas de ampliarlo a 40 o más años. Eso supondrá que, dado el alto grado de precariedad, muchos se jubilen sin llegar a la pensión máxima.
• Incrementando de 15 a 25 el número de años tomados en cuenta para establecer la cuantía de la cotización. El Pacto de Toledo ya propuso en diciembre del año pasado ampliarlo a 20 años. Todos los estudios al respecto establecen que la cuantía pensión bajaría entre un 20 y un 30% de media.

El Gobierno espera «ahorrar» con estas medidas el equivalente al 4% del PIB, una cantidad que actualmente equivaldría a 40.000 millones de euros, casi la mitad de lo gastado anualmente en pensiones. Por tanto, estamos ante un recorte de las pensiones en los próximos años. Las consecuencias de esas medidas recaerán sobre todos los trabajadores, pero en particular, sobre los que desempeñan los empleos más penosos, más precarios y peor remunerados.

No debemos olvidar que nuestra sociedad está dividida en clases sociales, y los trabajadores, que constituyen la mayoría de ésta, tienen unas expectativas de vida inferiores a la burguesía. Así, los estratos más humildes de los asalariados tienen una esperanza de vida diez años menor que los más ricos de la sociedad.

«Nuestro sistema de pensiones es demasiado generoso»

No lo es en ningún país europeo, pero aún menos en el nuestro. La pensión media es de 772,57 euros mensuales. La de jubilación —que es la mayoritaria—, así como la de incapacidad permanente, rondan los 850 euros de media; la de viudedad los 550 euros y la de orfandad los 360. Sin ellas, casi el 70% de las personas mayores serían pobres, pero distan mucho de ser generosas. Quedan muy por debajo de lo que establece la Carta Social Europea que debería ser el salario mínimo en el Estado español, en torno a los 1.000 euros mensuales.

Además, aquí se gasta mucho menos en pensiones que la media de los países de la zona euro (UE-15): un 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 11%. El gasto en pensiones por persona es en la UE-15 equivale al 75% del PIB per cápita, mientras aquí es de un 56%. Y no es que seamos más pobres, pues el PIB per cápita español ha llegado al 93% de la media de la UE-15. Nuestro sistema de pensiones no es, por tanto, demasiado generoso si no todo lo contrario. Y aún quieren recortarlo más.

«Es insostenible a largo plazo»

No es cierto. Hoy se gasta el doble en porcentaje de la riqueza del país en pagar las pensiones que hace cuarenta años —del 4 al 8,5% del PIB— y el sistema tiene incluso superávit. ¿Por qué? Porque la producción se ha multiplicado por 17 en esas cuatro décadas, pues ha crecido la productividad del trabajo mucho. Es decir, la tarta es mucho más grande para todos, y lo mismo sucederá en los próximos 20 años.

El problema es cómo se reparte la tarta. El crecimiento económico de los últimos quince años ha beneficiado, sobre todo, a las rentas empresariales que han ido haciéndose con una tajada más amplia del pastel mientras se reducía la participación de los salarios en la renta nacional. Así, si la riqueza total del país, el PIB, crecía un 62% desde 1994 a 2006, las pensiones se revalorizaban sólo en un 18% y el salario medio caía más de un 2%. Estamos en un país de bajos salarios y de bajas pensiones y, si sacan adelante la política que pretenden, aún tendremos salarios más bajos y, consecuentemente, pensiones menores.

«La culpa es del crecimiento de la esperanza de vida»

Tampoco es cierto. Claro que crece la esperanza de vida, y eso es bueno, pero no tanto porque vivamos más como porque se reduce la mortalidad en grupos de edad más jóvenes, lo que aumenta la esperanza total de vida. Primero, habrá que ver cuál es el crecimiento real de la población, pues las previsiones demográficas a largo plazo funcionan muy mal como señalan todos los expertos. Pero, aunque fueran completamente acertadas, como explicábamos en el punto anterior eso no implica que las pensiones fueran inviables. La primera cuestión es el crecimiento de la productividad del trabajo. Hace 30 años se dedicaba a la agricultura el 30% de la población activa, hoy con sólo el 4% se produce mucho más que entonces. Y eso pasará dentro de 20 años.

Además, si no hay más trabajadores no es por falta de los mismos pues tenemos más de cuatro millones de parados y hay otras muchas personas que ni se plantean buscar trabajo por distintos motivos. El problema es que quienes tienen la propiedad de los principales recursos productivos y del dinero sólo invierten si les da la rentabilidad que ellos pretenden. Hay muchas necesidades sociales que atender —sanidad, vivienda, energías renovables…— que generarían millones de puestos de trabajo. Así mismo, se podría reducir la jornada laboral, sin reducción salarial, para que todo el mundo trabajase.

Si hubiera buenas condiciones de trabajo, salarios dignos y servicios públicos de calidad, no hay duda de que la natalidad aumentaría. Si ha caído, entre otros motivos, es por al alto coste de cuestiones como la vivienda, los bajos salarios y la dificultad real de conciliar la vida laboral con la familiar.

«Es imprescindible recortar el gasto social»

Falso. A pesar de que la renta por persona en nuestro país supera el 90% de la renta de la UE-15, el gasto social apenas pasa del 60%. Si se igualase dispondríamos de 70.000 millones de euros más todos los años para atender las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia y demás servicios sociales. ¿Quién se beneficia de este subdesarrollo social que sufrimos? La burguesía, que paga menos impuestos que sus homólogos europeos, mientras los trabajadores soportamos una presión fiscal similar a la de nuestros compañeros de la UE-15. Los recortes fiscales de estos años pasados han supuesto decenas de miles de millones euros que han dejado de pagar, sobre todo, las rentas más altas. Sólo desde 2004, unos 30.000.

Es la grave insuficiencia de gasto social la que priva a todos, a los mayores en particular, de los recursos necesarios: dependencia, ayuda a domicilio, centros de día, residencias dignas y en sus propios barrios o localidades. Todo esa falta de servicios sociales públicos se carga a espaldas de las familias trabajadoras, sobre todo de las mujeres, y genera un suculento negocio privado de asistencia para los que puedan pagárselo. Por tanto hay que aumentar los impuestos a los que más tienen.

También puede recortarse el gasto militar. La presencia militar exterior española cuesta 712 millones de euros anuales, la mitad en Afganistán. Con ese dinero se podrían subir las pensiones no contributivas un 35%. Otra vez, la cuestión fundamental es cómo se reparte la riqueza.

«Necesitamos los planes privados para mantener el nivel de vida»

Otra falsedad. Los planes de pensiones privados no garantizan ningún ingreso futuro salvo que tengas abundantes ahorros o seas directamente rico. Dichos fondos pueden perder valor y hasta quebrar. Los fondos de pensiones privados han perdido entre el 20 y el 40% de valor con la crisis, teniendo que pedir ayuda pública muchos de ellos. El único sistema sensato es el de reparto, de carácter público, como el que tenemos en este país y en la mayoría de los de la Unión Europea.

Son las grandes compañías aseguradoras y la banca las primeras interesadas en recortar el sistema público y obligar a la población a invertir en fondos privados, pues eso les permite controlar grandes cantidades de dinero que con su gestión siempre les darán beneficios a ellos. De hecho, el último informe que recomienda la reforma del sistema de pensiones lo ha financiado la patronal aseguradora UNESPA.

El director de la comisión que lo elaboró fue Rodrigo Rato, que se jubiló del Fondo Monetario Internacional con una pensión vitalicia de unos 58.000 euros anuales y que ha percibido salarios anuales por importe de varios millones de euros. Aunque es una cantidad secreta, su salario como presidente de Caja Madrid no andará lejos de los 4 millones de euros anuales. No hace poco vimos como el presidente del BBVA, otra entidad partidaria de reformar el sistema de pensiones, tiene una pensión de jubilación de unos 80 millones de euros (lo que ganan 7.400 pensionistas, con la pensión media, en un año). Así pues, ninguno de los que recomienda el recorte del sistema público de pensiones tiene que preocuparse por su jubilación, pero están dispuestos a reducir la de todos nosotros.

«El gasto social amenaza la estabilidad presupuestaria»

Falso. Ahora con la crisis, se considera al desempleo como la razón del déficit, cuando la principal amenaza para la estabilidad presupuestaria es el ingente gasto destinado a sanear las cuentas de las entidades bancarias. En el Estado español el dinero puesto a disposición de bancos y cajas equivale a un 14% del PIB (unos 140.000 millones de euros), casi el doble del gasto en pensiones y mucho más que el gasto anual por desempleo. Y eso sólo acaba de empezar, pues estos próximos dos años van a ser más difíciles para los bancos y van a requerir de más ayudas públicas.

La prioridad en el gasto debería ser la atención de los más de cuatro millones de trabajadores en paro, de los cuales más de un millón no reciben prestación alguna o la mísera ayuda de 400 euros por seis meses. Desarrollar el sector público en servicios sociales, sanidad, vivienda, etcétera generaría gran número de puestos de trabajo estables. Sin embargo, lo que se está planteando sobre la mesa no es la ampliación del gasto social si no su reducción. En definitiva, lo que se pretende es que los platos rotos de la crisis sigamos pagándolos los trabajadores.

En conclusión

Los más interesados en el recorte de las pensiones son la gran banca y el sector financiero privado, pues eso propiciará que quien tenga los recursos para ello contrate fondos de pensiones privados que ellos controlarán. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se equivoca cediendo a sus pretensiones, hace el trabajo sucio a la patronal y, desgraciadamente, prepara el camino para que la derecha vuelva al poder y termine de aplicar plenamente las medidas que quiere la patronal, con la que está plenamente de acuerdo.

El problema no es la sociedad carezca de los recursos suficientes para atender las pensiones y las necesidades sociales presentes y futuras, sino que los recursos públicos se dedican más a apoyar a la burguesía —es decir, a las grandes empresas, sobre todo las financieras— que a los trabajadores, que constituyen la mayoría de la sociedad, o a las pequeñas empresas.

No sólo tenemos que rechazar que se atrase la edad de jubilación y todas aquellas medidas orientadas a reducir su cuantía. Hemos de plantear el adelanto de la edad a 60 años y la dignificación de las pensiones estableciendo la pensión mínima en 1.100 euros.

Además, hemos de exigir un aumento drástico del gasto social que garantice unos servicios públicos sanitarios, educativos y sociales acorde con las necesidades de las familias. La ley de dependencia ha de ser atendida de forma directa por las administraciones públicas, con personal suficiente, cualificado y dignamente remunerado. Han de crearse los centros de día, las residencias y las dotaciones sanitarias públicas suficientes para atender a todo el mundo, empezando por los jubilados.

Esos objetivos justifican sobradamente la preparación de una huelga general. Es necesaria una movilización general de los sindicatos, entidades sociales, partidos de izquierda y demás organizaciones del movimiento obrero, para forzar al Gobierno –—que sólo recibe y atiende a las presiones de la patronal— a un giro a la izquierda, que responda a las necesidades de los trabajadores y sus familias, y de todos los sectores desfavorecidos de la sociedad.