Tres delegados sindicales despedidos y otros seis sancionados

Escrito por Luis Miguel Busto Mauleón/Delegado sindical de la Alternativa Sindical de los Trabajadores (AST) Viernes, 28 de Noviembre de 2008 14:04

Sindical

La firma del convenio en Telefónica cierra la puerta en falso

Desde un principio, allá por el mes de enero, se atisbó que el caballo de batalla en la nueva negociación colectiva iba a ser la reestructuración de los grupos laborales. Ante la dirección de la empresa se presentaban dos plataformas diferentes, una aprobada por la mayoría del Comité Intercentros (CC OO-4, UGT-4, STC-UTS-2) y otra por AST. La diferencia más importante entre ellas era la introducción en la primera de un punto en que se instaba a la empresa a reestructurar los grupos laborales por obsoletos. Quienes defendían la segunda propuesta la entendían innecesaria y peligrosa, ya que invitaba a la empresa a meter mano en la Normativa Laboral, algo que había llevado muchos años de lucha conquistarla. La reincorporación a la empresa matriz de Terra y Data, con una estructura de grupos laborales más precaria, hacía necesaria una reordenación en estos colectivos pero peligraba el modelo en la propia empresa si la dirección intentaba implantar el de las reincorporadas. Así lo sospechaban AST (1 en el CI), CGT (1) y CoBas (1) que no lo entendían como una reivindicación de los trabajadores. No obstante, el CI lo incorporaba a sus cláusulas confiando en su poder de negociación. Otros puntos, como la vigencia del convenio, la garantía de empleo, el mantenimiento del poder adquisitivo, la teleformación, el teletrabajo… hicieron imposible una plataforma de consenso y de mínimos que presentar ante la dirección de la empresa. Y se presentaron las dos.

Quedaba por llegar el documento de la empresa. En él, desde el principio, se comprobó la pretensión de reestructurar los grupos laborales aprovechando la integración de los trabajadores de Data y Terra. Pero adaptando a los 25.000 trabajadores de Telefónica de España a las condiciones laborales de los de estas empresas. De 34 grupos laborales se pasaría a tres y, con ello, la Normativa Laboral quedaba prácticamente anulada al invalidar más de 150 puntos de su articulado. Además, la reestructuración laboral llevaba aparejada una nueva ordenación salarial en la que, por término medio, se reducía el salario fijo en un 30%, que pasaba a ser parte variable y a percibir dependiendo del puesto de trabajo desarrollado y la consecución de objetivos. Se trataba, ni más ni menos, que de la precarización del trabajo indefinido en Telefónica con unas consecuencias fatales para los trabajadores como la drástica reducción de la base para las subidas anuales por el IPC o la incertidumbre salarial al depender de informes de mandos medios, el tipo de trabajo realizado (en una empresa con continuas reestructuraciones organizativas), la consecución de objetivos… Y además, como chantaje, establecía que de no aceptarse este punto por la representación social se negaría a negociar el resto de cláusulas del nuevo convenio.

El rechazo fue unánime, no solo por parte de los sindicatos sino por las asambleas de trabajadores y se exigió a la empresa la retirada inmediata de esa cláusula. Fue entonces cuando comenzó el juego del gato y el ratón. Mantenerla, quitarla, esconderla, subida de medio punto, consolidación de masa salarial, horario europeo… una serie de rectificaciones en cinco documentos presentados por la dirección de la empresa a lo largo de las trece reuniones de la Mesa Negociadora. Y que consiguió, en parte, lo que la empresa pretendía: eludir las reivindicaciones de los trabajadores otorgando el protagonismo al punto estrella de su propuesta y la progresiva aceptación de esta por parte de la representación de los trabajadores. Pero la firma del convenio también se libraba en la calle y en las asambleas de trabajadores debidamente informados, al menos en las grandes capitales de provincia. Cinco jornadas de huelga secundadas por el 60% de la plantilla, tres concentraciones en diferentes lugares de la capital y dos manifestaciones en Madrid que reunieron a más de 3000 trabajadores ante la sede de Gran Vía consiguieron los continuos maquillajes del documento de la empresa y los titubeos de las cúpulas sindicales a la hora de estampar la firma.

Este «ruido laboral» impedía la firma del Convenio, algo ya decidido desde hacía tiempo por las direcciones sindicales nacionales y que había quedado plasmado en febrero de 2007 en el Acuerdo Marco firmado junto a la CEOE y CEPYME para la negociación de los convenios colectivos. De hecho, la dirección de la empresa presentaba una plataforma que se basaba en las directrices de ese documento, y así lo expresaba en las diferentes reuniones e informaciones a la plantilla.

Pero para aceptar el «trágala», la reestructuración de grupos laborales quedó escondida en una mesa abierta de negociación permanente para desarrollarla a lo largo de la vigencia del convenio. Mesa circunscrita exclusivamente a la dirección de la empresa y los sindicatos con mayoría en el CI y proclives a la aceptación del nuevo modelo, pero que transgredía la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio anterior por excluir de estas mesas a parte de la representación sindical. Y, por otro lado, establecía el mantenimiento durante el convenio del modelo laboral actual para los trabajadores de Telefónica pero el nuevo para los de Terra, Data y los de nueva incorporación. Pero esto también vulneraba la reciente sentencia del mismo Tribunal contra la empresa Repsol por la firma en convenio de la doble escala salarial para los trabajadores con idénticas funciones. No obstante, la aceptación del modelo, aún solo para parte de la plantilla, suponía la introducción en las relaciones laborales de esta nueva filosofía contractual y que, tarde o temprano, salpicaría a la totalidad de los trabajadores.

Sindicalismo sin norte

El Convenio se firmó el 2 de julio, a pesar del «ruido laboral» y del «ruido sindical». Porque sindicalmente puede suponer una victoria pírrica para las tres organizaciones firmantes. Las movilizaciones convocadas durante los meses de mayo y junio por AST, CGT, CoBas, CIGA, ELA, LAB, ESK y En Construcció fueron secundadas no solo por la mayoría de los trabajadores sino por gran parte de la afiliación de CC OO, UGT y UTS-STC, contrarios a la firma del Convenio si no era retirada previamente la cláusula sobre nuevos grupos laborales. El cisma también se vivía entre los representantes de estas organizaciones e, incluso, el Comité Intercentros se oponía a la celebración de un referéndum entre la plantilla, propuesto por el Comité de Madrid, previo a la firma. Estas huelgas suponían, además, un hito en la historia de las movilizaciones en Telefónica pues se hacían, por primera vez, al margen de los sindicatos mayoritarios, algo que el conjunto de la plantilla había solicitado siempre como garantía de éxito.

Especialmente penoso ha sido el papel que CCOO ha representado durante estos meses. Involucrados en una nueva crisis interna, el mensaje que han transmitido a la plantilla ha sido de lo más ambiguo: contrarios a la firma del convenio unos, a favor otros, un congreso de por medio para elegir los dirigentes solventado, literalmente, a tortas, la presión de los afiliados por abajo y la constante amenaza de la firma por parte de sus cúpulas por arriba. Todo ello se traducía en una llamada a la movilización entre los trabajadores… ¡para que sus delegados no firmaran! La consulta a sus afiliados de Madrid se saldó con más del 90% en contra de la firma en esas condiciones pero eso no fue impedimento para que sus representantes en la Mesa Negociadora no solo firmaran sino que el del Comité Intercentros declarara que el Convenio era el mejor de Telefónica de los últimos 20 años.

UGT fue quien más claro tuvo desde el principio que había que aceptar el documento presentado por la dirección de la empresa. Su opacidad interna no dejó entrever las más que seguras contradicciones pero la defensa de la firma contrariaba la opinión de sus delegados en las asambleas de trabajadores en su endeble ataque al nuevo modelo de estructura laboral. En un alarde de democracia interna también convocó una consulta entre sus afiliados para decidir su postura ante el nuevo convenio. Solo el 30% de la afiliación se opuso pero los que se decidieron por la no participación en la consulta fueron añadidos a la lista de los favorables a la firma con el peregrino argumento de que si no habían acudido a votar era porque estaban de acuerdo con la dirección del sindicato de rubricar el nuevo convenio colectivo. Y el tercero en discordia, UTS-STC, también sale escaldado. Contrarios a la firma desde la sección de Madrid, participando en las movilizaciones, otorgando sus votos en el Comité de Empresa… pero sin el respaldo de su dirección estatal ni en el resto de provincias. El 70% de sus delegados votaron en congreso la firma del Convenio colectivo mientras sus banderas ondeaban en las manifestaciones en su contra.

El calado que han tenido estas disputas internas ha sido enorme. Y de hecho, incluso, una cláusula del nuevo convenio recoge la administración de los delegados sindicales provinciales (léase los díscolos de Madrid y Barcelona) dando esa competencia a las direcciones estatales. ¿Cabe mayor capitulación que el sometimiento de las designaciones internas sindicales a la firma de un convenio con la empresa?

Convenio atascado

El convenio, tras la firma, fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo marcándole las irregularidades antes de que fuera aprobado. Las mesas permanentes de negociación que excluyen a sindicatos, la doble escala salarial y el falso pase de los trabajadores de Terra y Data a Telefónica de España con las mismas condiciones laborales eran señaladas como ilegales por oponerse a las recientes sentencias del Tribunal Supremo. Y con fecha 1 de agosto, el propio Ministerio exigió las alegaciones oportunas en el plazo de diez días a la Mesa Negociadora ante la denuncia de AST. La Mesa no se reunió y, por tanto, no presentó las alegaciones requeridas. No obstante, el nuevo convenio fue publicado en el BOE en octubre, casi cuatro meses después de su firma y con las alegaciones realizadas por la propia dirección de Telefónica.

Además deja abierta una crisis de representatividad solo un año después de las elecciones sindicales. El rechazo de la mayoría de la plantilla, y de gran parte de la base social de los propios sindicatos firmantes, a la firma del convenio evidencia la enorme distancia existente entre los trabajadores y las cúpulas sindicales más pendientes de mantener su propio status que de los intereses de los que dicen representar. La participación en los beneficios de la gestión del Plan de Pensiones, los despachos, los liberados, las subvenciones… exigen ciertos pagos.

Pero sobre todo deja abierta una conflictividad que se prevé de larga duración. Una concentración en el edificio de Las Tablas el 26 de junio convocada por el Comité de Empresa de Madrid terminó ante los locales vacíos de CCOO y UGT requiriéndoles que no firmaran el Convenio con la presentación de 8.000 firmas. El día de la firma, el representante estatal de CCOO requirió a la dirección de la empresa que sancionara a los responsables de la protesta acusándoles de insultos, violencia y coacciones y abandonó la mesa, junto a UGT y STC-UTS, cuando tocó intervenir a los representantes de AST y CGT, al «negarse a hablar con violentos». El resultado fue el despido de cinco delegados sindicales del Comité de Madrid y la sanción con 45 días de empleo y sueldo para otros cuatro durante el mes de agosto. El posterior arrepentimiento de dos de ellos les rebajó la sanción de despido a 45 días de empleo y sueldo.

De esta manera, el mes de setiembre comenzó caliente. Tres huelgas de una hora de duración, otra de tres horas y media y manifestaciones ante la sede de Gran Vía son el preludio de la huelga de jornada completa que se celebrará el 7 de octubre, día señalado para el juicio por los tres despedidos.

Represión sindical

Tras la apertura de los expedientes a nueve delegados del Comité de Madrid, AST acusó a la dirección de la empresa de represión y acoso laboral. La empresa lo negó alegando que no solo eran delegados de AST sino también de CGT, CoBas y STC-UTS. Pero el tiempo le ha quitado la razón.

A finales del mes de setiembre los delegados de CGT y UTS-STC ya tenían el expediente rebajado del despido a la suspensión de 45 días de empleo y sueldo. El reconocimiento de los hechos, su arrepentimiento y la promesa de no volver a realizar actos de este tipo ha supuesto el ‘indulto’ para estos dos delegados. La empresa había comunicado estas exigencias a los propios sindicatos y no al Comité de Huelga, en una actitud propia de acorralar al sindicato AST. En estos momentos, tres delegados de este sindicato están despedidos y otros tres sancionados, más uno de Cobas.

Pero cada vez toma más fuerza la impresión de que toda la parafernalia del 26 de junio fue un montaje para criminalizar a determinados delegados sindicales. Y lo prueba la denuncia presentada por el Sindicato de Vigilantes, encargado de la vigilancia del edificio donde se realizó la concentración, contra Telefónica y Segur-Ibérica solicitando que se actúe contra ellas por falta muy grave. Aunque lo más esclarecedor es el punto final en el que se solicita «…que ante la gravedad de los hechos y los perjuicios ocasionados a los manifestantes se investigue si la actuación del personal de Seguridad Privada fue premeditada con el único ánimo de provocar altercados y conflicto con los manifestantes por un interés particular de Telefónica para poder actuar contra ellos posteriormente».