Refundación de la izquierda anticapitalista, una necesidad urgente

Escrito por Varios autores Lunes, 10 de Mayo de 2010 12:46

Izquierda Unida a debate

Alberto Arregui, Henar Moreno y Víctor Domínguez (miembros del Consejo Político Federal de IU), Jordi Escuer y Jesús Mª Pérez García (miembros del Consejo Político Regional de IU-Comunidad de Madrid)

«Por tanto, quien se pronuncie por un camino de reformas legales en lugar y en contra de la conquista del poder político y de la transformación de la sociedad está, en realidad, eligiendo no un camino más tranquilo, más seguro y más lento hacia la misma meta, sino también una meta diferente; está optando ciertamente por la introducción no de una nueva sociedad sino meramente de transformaciones que no afectan a la esencia de la sociedad existente. Así, a partir de las ideas políticas del revisionismo llegamos a la misma conclusión que a partir de sus teorías económicas: que el revisionismo, en el fondo, no aspira a la realización del socialismo, sino simplemente a la reforma del capitalismo, no aspira a la eliminación del sistema salarial sino a reducir más o menos la explotación, aspira, en una palabra, a suprimir los excesos del capitalismo y no el capitalismo mismo». (Rosa Luxemburgo, Reforma social o revolución)

Introducción

La crisis griega pone en el primer punto del orden del día de la izquierda la necesidad de dotarse de un instrumento de lucha frente a las consecuencias de la recesión. La profundidad de la crisis económica ha dejado en entredicho a todos aquellos que auguraban una pronta salida de la misma. La ola especulativa desatada sobre la deuda griega se ha transformado en una crisis de toda la zona euro, que amenaza con agravar todavía más las consecuencias de la recesión y nos avisa de que esto va para largo. El desempleo en el Estado español ha superado el 20% en el primer trimestre de 2010 y todo indica que seguirá escalando hasta los cinco millones. Detrás de las cifras frías están los dramas de millones de personas que sufren sus consecuencias.

Las recesiones son un fenómeno cíclico en la economía de mercado desde el año 1825, podrá variar su cadencia pero han acompañado su evolución hasta hoy mismo. A estas alturas, la crisis que comenzó en 2008 ha demostrado que es mucho más que un mero ciclo recesivo, es el primer indicador de una nueva etapa de estancamiento y crisis general del desarrollo económico capitalista.

La gravedad de la situación es tal que la primera sorprendida en un principio fue la burguesía. Así lo denotaban las palabras del economista estadounidense Paul Samuelson cuando sentenció que esta crisis era al capitalismo lo mismo que la caída de la Unión Soviética al comunismo. De forma más prosaica, el Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, expresó su consternación pidiendo un “paréntesis en la economía de mercado”. Sin embargo, la burguesía ha ido recuperándose del desconcierto y ya está lanzando una gran batería de medidas que, si logran imponerse, supondrán un enorme retroceso en las conquistas del movimiento obrero en décadas pasadas.

Y eso sucede así, en parte, porque la izquierda es la que no ha superado el desconcierto generado por la crisis. En el momento en que el capitalismo sufre la mayor crisis de la historia, al menos por su grado de extensión, las grandes organizaciones de la izquierda con apoyo de masas carecen de alternativa al mismo.

La sombra del hundimiento de la Unión Soviética es alargada, podríamos decir. No podemos olvidar el aforismo que acuñara hace años el socialista francés Lionel Jospin: “economía de mercado sí, sociedad de mercado no” y que define la política dominante en las organizaciones de masas de la izquierda. Nadie pone en cuestión la economía de mercado, sino que se pide un “mercado con reglas” y se les exige a las instituciones financieras “que se pongan al servicio de la sociedad”. Pero son los poderes económicos los que determinan como funciona la sociedad y no al revés, como nos recuerda la crisis griega, mostrándonos cómo el sector financiero impone a los estados su ley.

Comprender las causas de la crisis es una cuestión vital para el conjunto de la clase trabajadora, para el movimiento y las organizaciones de la izquierda. Ningún médico se atrevería a proponer una cura sin un diagnóstico efectivo de la enfermedad que aqueja al paciente.

Izquierda Unida se juega su futuro en su capacidad de levantar una alternativa real a la crisis. La gravedad de esta recesión nos obliga a no pretender curar una neumonía con aspirinas e ir a la raíz del problema que es el propio sistema capitalista. Si algo reivindica la crisis actual es el pensamiento de Marx, Engels, y tantos cuadros del movimiento obrero que crearon y enriquecieron el marxismo con su elaboración y su actuación práctica. Defender una refundación que haga del programa socialista de transformación de la sociedad la identidad de Izquierda Unida es el propósito de esta propuesta.

¿Una crisis de modelo o de sistema?

Desde que existe el capitalismo, siempre se ha tratado de explicar sus crisis buscando causas exógenas al sistema, que lo exoneraran de su responsabilidad. La explicación oficial de la crisis de los años 70 sigue siendo que se trató de una “crisis del petróleo”. Hoy también se nos ofrecen diversos argumentos que buscan ese mismo objetivo: una crisis del “modelo productivo”, de “demanda”, “financiera”, e incluso de “codicia”. Sin duda, hay una crisis a la que contribuyen todos esos factores, pero ninguno de ellos explica dicha crisis. Igualmente, el reformismo ha tratado, desde que existe, de encontrar fórmulas que permitieran reparar los principales problemas del capitalismo, no superarlo, fracasando siempre en el empeño. Es el camino recorrido por las direcciones de los partidos socialistas, que han acabo defendiendo el capitalismo como el “menos malo de los sistemas posibles”, abandonando cualquier objetivo de una transformación socialista. Y es el que seguirá cualquiera que pretenda “reformar” el sistema.

En el caso del Estado español, la explicación favorita es que se trata de una crisis de “modelo productivo”. El retroceso de todas las economías europeas, empezando por la alemana, desmienten la teoría del “modelo productivo” como problema de fondo de la crisis española. El PIB alemán ha caído más, el danés, el finlandés, el irlandés, el sueco, y el del conjunto de la UE. También el PIB japonés. Sin embargo, China ni siquiera ha llegado a entrar en recesión ¿ese es el modelo que debemos adoptar? La crisis del “ladrillo” sólo es una parte de una clásica crisis de sobreproducción del sistema.

La idea, generalizada en la izquierda, de que la crisis española responde al fracaso de un “modelo productivo” se da de bruces contra el carácter global de la crisis, y revela hasta que punto las tesis de la burguesía penetran en sus filas. La propia terminología, tomada del lenguaje de la economía política burguesa, lleva a manejar conceptos poco precisos; ¿qué es un “modelo productivo”? Sabemos qué es un “sistema productivo”: El que está definido por unas determinadas relaciones de producción, o si en lugar del término económico utilizamos el jurídico, el que se fundamenta en unas determinadas relaciones de propiedad. La producción se basa en un trabajo social, el de la clase obrera, pero la apropiación del producto de su trabajo es individual, de una minoría, la de los propietarios de los medios de producción. Todo ello tiene su fundamento en la propiedad privada de los medios de producción, lo que lleva a la anarquía en la producción, a que la producción de bienes y servicios no esté guiada por las necesidades de la población y el respeto al medio, sino por el enriquecimiento sin límite, causando daños irreparables al planeta, hambre, guerras, y crisis cíclicas de sobreproducción que agudizan aún más los problemas de la población. Apres moi le deluge, como decía Carlos Marx, al referirse a la actitud de los burgueses.

Cualquier cambio del “modelo productivo”, de la base técnica productiva, irá condicionado por el “sistema productivo”, pues es la burguesía la dueña de los medios de producción. La única forma de que haya un cambio de “modelo productivo” en beneficio de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza es con un cambio en las relaciones de propiedad. El gran mérito de Marx y Engels fue levantar una alternativa completa, explicar que el único sistema de producción que puede superar las trágicas consecuencias del capitalismo es el socialismo, cortando el nudo gordiano: acabando con la propiedad privada de las grandes empresas, la tierra y la banca.

¿Crisis de demanda, crisis financiera…?

La idea de que estamos ante una crisis de “demanda” también es errónea y nos conduce a asumir que la salida está en una reedición del keynesianismo y no en una alternativa socialista. En todo caso, sería mucho más preciso hablar de una crisis de inversión. La inversión empezó a perder fuelle antes y más intensamente que el consumo, como podemos ver en los informes del INE. Marx lo explicó muchas veces, pero especialmente en la Introducción General a la Crítica de la Economía Política: «La producción precede a la demanda». Es la inversión la que tira de la creación de empleo y del consumo en una sociedad capitalista, pero los capitalistas no invierten por filantropía sino para obtener ganancias y, si es más rentable especular con el oro que edificar hospitales, no se levantará ni un solo centro sanitario.

Claro que hay un problema de demanda, pero si ese fuera el problema de fondo, los estados y las grandes empresas tienen capacidad sobrada de resolverlo. El Estado español podría abonar a todos los parados un salario equivalente al SMI que reivindica IU, de 1.100 euros mensuales. ¿Qué costaría? Aproximadamente 70.000 millones de euros anuales—la mitad de lo invertido en respaldar a los bancos— que, si tenemos en cuenta que eso ya englobaría el gasto en desempleo (algo más de 30.000 millones en 2009), supondría un desembolso extra de 40.000 millones de euros. El Estado puede soportar ese gasto y no hay ninguna duda de que tiraría de la demanda hacia arriba mucho más que las trasferencias hechas a los bancos. Es menos de lo que ganan las empresas del Ibex 35 y, desde luego, mucho menos de los 460.000 millones de euros que se llevaron las rentas empresariales en 2009, en plena crisis.

Y, finalmente, la idea de que la causa de la crisis es “financiera” también es profundamente equivocada. La economía norteamericana ya perdió fuelle durante 2006, antes de la crisis de las “subprime”, reduciendo su tasa de crecimiento. La inversión residencial disminuyó «un 19% en el segundo semestre del año y las adquisiciones de equipos y software para empresas bajaron hacia finales de año. El sector manufacturero también se mostró débil, sobre todo en el sector de automoción y los sectores vinculados a la construcción, en los cuales se contrajo la demanda y aumentaron las existencias», según el FMI. «La revisión a la baja de la proyección de crecimiento durante 2007 es producto en gran medida del empeoramiento de las perspectivas de inversión residencial. Como la cantidad de viviendas nuevas en venta no era tan alta desde hace más de 15 años y las empresas constructoras buscan reducir las existencias, la edificación de hogares está disminuyendo más drásticamente de lo previsto». Fue el fin del auge de la construcción de vivienda lo que precipitó el pinchazo de la burbuja especulativa que se había edificado sobre él.

Así pues, el crédito —que hoy ha sido elevado hasta la enésima potencia— actúa como amplificador, del auge y de la crisis, estimulando al primero y agravando la segunda, pero no la crea. Rosa Luxemburgo explicó que el crédito es la mejor forma de llevar al capitalismo a su pleno desarrollo y a las crisis más profundas y desenfrenadas: “El crédito constituye no sólo el medio técnico por el cual un capitalista puede tener acceso a capitales ajenos, sino que también supone un estímulo para hacer un uso audaz y poco escrupuloso de la propiedad de otros, es decir, para incurrir en temerarias especulaciones… el crédito no sólo agudiza las crisis sino que facilita su aparición y ampliación al convertir el intercambio en su conjunto en un mecanismo muy complejo y artificial con base real en una cantidad mínima de moneda metálica, de modo que puede sufrir perturbaciones a la menor ocasión. Nos damos cuenta así de que el crédito, lejos de ser un medio de eliminación o incluso de atenuación de las crisis, constituye muy por el contrario un factor particularmente poderoso de su formación”. ¿No tienen plena actualidad estas ideas? Antes de la crisis, los defensores más acérrimos del capitalismo insistían en que los nuevos “productos financieros” —es decir, de las formas modernas del crédito y la especulación— garantizaban la estabilidad económica gracias a la diversificación del riesgo. Para Rosa “el crédito no hace sino facilitar y agudizar las crisis, que no son sino el choque periódico entre las fuerzas contradictorias de la economías capitalista”.

Grecia nos muestra como la acción del capital financiero agrava las crisis, las amplifica. Se ha sustituido el “efecto riqueza” por el “efecto pobreza”, el mismo endeudamiento que estimulaba el auge ahora se convierte en un lastre que arrastra a la economía a un retroceso mayor. El caso griego pone en evidencia cómo los mecanismos naturales del sistema imponen su política. Es la gran paradoja. Los estados han dado apoyo a los bancos y se han endeudado ¡con los propios bancos! que están recuperando su tasa de rentabilidad a costa de los estados. Así, mientras lo bancos centrales prestan dinero a los bancos al 1% de interés, estos le cobran a los erarios públicos superiores, llegando hasta un 12% en el caso griego. Pero esa actuación, no hace sino demostrar la supeditación de los Estados al capital, su carácter de clase.

El rescate del sector financiero ha costado, por ahora, en Alemania el equivalente a un 19,8% de su PIB; en Francia un 19%; en Gran Bretaña un 28,6% y en España un 14,3%. Los gobiernos han dedicado ingentes cantidades de dinero público a apuntalar a las grandes corporaciones financieras pero, para controlar el déficit público, los recortes son sociales. El tijeretazo en Grecia va a suponer una reducción del presupuesto público del 10% —con consecuencias en Sanidad, educación…—, disminución del salario de los funcionarios en un 10%, aumento de la edad de jubilación, reducción de los impuestos directos y aumento de los indirectos. Y ese es el camino emprendido por el resto de los países desarrollados.

No es la ayuda a los parados el principal capítulo que genera déficit y endeudamiento públicos, sino las ayudas a las empresas, sobre todo a los bancos. Basta contrastar los 143.000 millones puestos a disposición de la banca en España con los 30.000 millones que han supuesto las prestaciones por desempleo en 2009. Y la banca ya ha avisado que serán necesarias nuevas medidas de apoyo público para sanear sus cuentas.

El capital impone a través del “libre mercado” su política de recorte del gasto social. Las empresas financieras son mucho más poderosas que los estados —de ahí su incapacidad de limitarlas de manera efectiva—. Sólo el BSCH tiene unos fondos superiores al billón de euros, el equivalente al PIB español anual y tres veces más que el presupuesto de un año de todas las administraciones públicas.

En realidad, la financiarización de la economía es la expresión de la contradicción entre las relaciones de propiedad y el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas necesitarían una planificación que tenga en cuenta multitud de factores técnicos, sociales y medioambientales, a fin de garantizar que son fuente de desarrollo social y que lo hacen en equilibrio con los recursos naturales. Sin embargo, los medios de producción, en una sociedad capitalista no funcionan con ese objetivo, sino que están sometidos a la generación de beneficios a sus propietarios, que compiten entre ellos por obtener la máxima ganancia posible. Toda la economía mundial está sometida a la competencia anárquica entre los grandes accionistas de las grandes empresas, los propietarios de sus acciones, que se desplazan por el mundo en busca de la mayor tasa de ganancia.

La “financiarización” de la economía no es producto de una contraposición entre empresarios financieros (malos) y empresarios productivos (buenos), sino que es una expresión de la contradicción entre las relaciones de propiedad y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Una crisis de sobreproducción clásica

Los ciclos de alza y caída son como los latidos de la economía capitalista, su sístole y su diástole, que nos muestran, como el corazón humano, un indicador de la salud del sistema. La causa no es otra que una sobreproducción de capital, es decir, la existencia de mayor capacidad productiva de la que el sistema es capaz de utilizar. Y eso es exactamente lo que sucede actualmente. Hay más capital, financiero y real, del que es rentable “usar”. En todos los sectores: vivienda, móviles, coches, ordenadores, o leche. Y no porque no haya necesidades que cubrir, sino por que no es rentable atenderlas. “La producción se detiene no allí donde esa detención se impone en virtud de la satisfacción de las necesidades, sino donde lo ordena la producción y realización de ganancias”, nos explicaba Marx.

La mejor prueba de la propia sobreproducción de capital nos lo da la caída de la inversión. El nivel de utilización de las fuerzas productivas en el Estado español ha caído un 6,4% desde que empezó la crisis y, aunque, la inversión está disminuyendo sigue aumentando el stock de capital, a un ritmo menor, lo que nos avisa de que la inversión seguirá cayendo.

Hoy más que nunca, hemos de tratar el capitalismo contemporáneo como un hecho planetario e integral, y estamos ante la mayor crisis de la historia humana por su extensión y carácter global. Estamos ante el agotamiento de una etapa del capitalismo a escala internacional. Sólo así podremos comprender la situación económica del propio Estado español, cuya burguesía está más integrada que nunca en la economía internacional. No es posible entender lo que está pasando aquí si se pierde de vista que el capitalismo español actúa dentro de un mundo capitalista global. En el ataque a Grecia, el capital financiero hizo una demostración de lo que le esperaba a los demás países si no aceptaban sus condiciones y le faltó tiempo al gobierno socialista para olvidar sus pequeñas veleidades sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, y agachar la cabeza ante el amo.

A corto plazo, muchas de las medidas que se están tomando perjudican de hecho a la pequeña y mediana, e incluso alguna gran empresa. Ninguna de ellas gana nada con el retraso de la edad de jubilación, ni siquiera con el recorte del gasto público pues reduce el consumo. Pero quien determina las políticas económicas son las grandes, que son las principales beneficiarias del gasto público a través de la deuda pública, contratos, inversiones…

Una de las funciones de la crisis es destruir parte del capital existente para favorecer la fusión del mismo en unidades más grandes y más fuertes. Es el proceso de concentración de capital que es propiciado por las crisis. Eso se realiza a través del cierre de parte de las empresas, sobre todo de pequeñas y medianas. La otra consecuencia de la crisis es la imposición de unas condiciones de explotación más intensas, reduciendo el salario directo y el indirecto (el gasto social), aumentando el tiempo de trabajo y todas aquellas medidas que permitan incrementar la producción de plusvalía. La finalidad es la recuperación de la tasa de ganancia a medio plazo.

La economía española depende de las inversiones de capital propias y foráneas. En este caso, su dependencia del capital exterior es mayor que otras economías, pero, en última instancia, todas dependen de un mercado mundial. El capital se mueve por todo el planeta buscando la mejor rentabilidad sin preocupaciones patrióticas, también el español. El 52’8% de la facturación de las empresas del Ibex 35 en 2009 se generó fuera del país. Por eso, la burguesía española está presionando al Gobierno para que tome las medidas de ajuste. Basta ver dos ejemplos:

Técnicas reunidas: “La mayor parte de los ingresos de Técnicas Reunidas provienen de su negocio internacional, con 2.063 millones de euros y un crecimiento del 20%, en tanto que en España la compañía redujo su facturación en un 20%, hasta contabilizar 571 millones” .

OHL: El grueso de sus inversiones este año serán en el extranjero (de 965 millones, sólo un 21% en España). “Villar Mir dijo que España es un país que cada vez está más construido y que sus perspectivas de crecimiento son menores que las que existen en los países en desarrollo. Indicó, además, que sus exigencias de rentabilidad en los proyectos a los que acceden o aspiran acceder son menores en el mercado doméstico (7%) que en el resto (15%)”.

¡Ahí está la clave, la tasa de rentabilidad a escala mundial! LA TASA DE GANANCIA que se establece a escala mundial. Por eso son inútiles las llamadas sindicales a respetar los derechos de los trabajadores, sino van acompañadas de la lucha. La dinámica natural del sistema es buscar la máxima ganancia. Además, las grandes empresas están muy endeudadas y por eso son las más interesadas en el ajuste del déficit público, para que no entorpezca su financiación. Por eso la burguesía española está insistiendo en una reforma laboral y del gasto público.

Hay que rechazar los argumentos de la competitividad en el sentido que nos los plantean habitualmente, como una necesidad para el “progreso”, cuando se trata de garantizar una tasa de rentabilidad que haga “atractivas” las inversiones en el Estado español. Pero, al rechazar dicho argumento no debemos ignorar que la “competencia” capitalista es una ley coactiva de la que no puede sustraerse ninguna empresa. Ese mecanismo es consustancial a una economía de mercado.

La crisis no afecta a todos por igual

Igual que el auge no beneficio a todos, la crisis se ceba en los trabajadores. Los estratos más altos de la burguesía, de hecho, se están enriqueciendo todavía más. La lista Forbes, que incluye a las personas con fortunas superiores a mil millones de dólares, se eleva a 1.011 privilegiados, 218 más que el año anterior. Éstos atesoraban a finales de 2009, 3,6 billones de dólares (2,6 billones de euros), un 50% más que en 2008: Son mucho más ricos. Sólo los 10 más ricos sumaban un patrimonio de 342.000 millones de dólares, aumentándolo en un año casi un 26%, 88.000 millones de dólares. Este patrimonio de los 10 más ricos es prácticamente el presupuesto del Estado Español para un año.

Estados Unidos es el país con mayor número de ricos, 403, seguido de Europa con 248, China con 64 y Rusia con 62. Hay 13 españoles en esa lista con Amancio Ortega en el puesto 9º, con 25.000 millones de dólares. Este empresario ha sido capaz de aumentar en 6.700 millones de dólares su fortuna en un año de crisis económica.

La otra cara de la moneda es que, según la OIT, en 2009 el paro mundial llegó a los 212 millones de trabajadores, a los que hay que sumar 633 millones de personas que vivían con menos de 1,25 dólares al día y 215 millones de personas más que cayeron en la pobreza. Estos datos coinciden con los de la ONU que habla de 1.000 millones de trabajadores en paro o en situación de subempleo. La OCDE, que reúne a los 30 países más desarrollados, pronostica que el desempleo solo en su zona llegará a los 57 millones de trabajadores en 2010.

¿De qué lado nos situamos nosotros? Aquí si que no cabe el término medio: o con los unos o con los otros. Tal como Marx y Engels plantearon en el Manifiesto Comunista, la riqueza de unos existe porque existe la pobreza de los otros, y la única manera de abolir la pobreza es aboliendo la riqueza. Existe una gran diferencia entre una concepción de la historia y la sociedad fundamentada en la lucha de clases o en la caridad moral.

Mientras la crisis económica golpea brutalmente a millones de familias obreras, los ricos no solo la sortean sino que ganan más, mucho más. La riqueza de unos pocos es a costa de las penurias y la pobreza de otros muchos. Por eso es falsa la idea de que esta situación “sólo se arregla entre todos”. Los intereses de los trabajadores y los empresarios son antagónicos e inconciliables.

El paro y la crisis misma son un arma poderosísima para aumentar sus condiciones de explotación. El paro es crónico bajo el capitalismo, el “ejército de reserva” crece con el desarrollo del capitalismo ¡eso es lo que tenemos delante!

La tasa de ganancia sólo se puede recomponer a base de una mayor explotación, es decir que de la riqueza que genera el esfuerzo de los trabajadores vaya más a los empresarios, más plusvalía. Eso se logra por distintos caminos:

Salario directo: prolongando la jornada laboral e intensificando la producción (plusvalía absoluta), aumentando la productividad (plusvalía relativa), o simplemente reduciendo el salario.

Salario indirecto: reduciendo el gasto social y aumentando los recursos que van a las empresas privadas (privatizaciones, contratos, pago de deuda…)

Grecia sólo anticipa la terapia que se nos va a aplicar, ya se está haciendo, a los trabajadores de toda la Unión Europea. Las consecuencias para el Estado español son muy serias: una caída general del nivel salarial y de derechos, y una reducción del gasto social. Si ya partimos de un 19% de gasto social, el recorte del gasto de 50.000 millones que pretende el Ejecutivo nos podría dejar en pocos años en el nivel del 15% de gasto social, el que había al final de la dictadura.

Reducir el déficit público de aquí a finales de 2012 del 11,5% actual al 3%, es decir, 8,5 puntos del PIB, equivale a 85.000 millones de euros. O bien se ingresa más o bien se gasta menos, o ambas cosas. Del crecimiento del PIB no va a venir, pues las previsiones son de un estancamiento para los próximos años. El servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) prevé una caída del 0,7% en 2010 y un crecimiento del 0,8% en 2011. Las cifras del Gobierno son mejores, pero no suponen un cambio sustancial, pues todas hablan de cifras de crecimiento por debajo del 2%. Así pues, tendrán que recortar el gasto y no va a bastar con los gastos corrientes. La reducción de la oferta de empleo público en un 87% en 2010 sólo supondrá un “ahorro” de 280 millones de euros.

Y aquí hay que tener presente que cuando se habla de gasto público se refieren a apoyos a la empresa, y cuando se habla de recorte de gasto, de reducir el gasto social. Hay que desterrar el error común de confundir “Estado” y “Gasto social”, pues este último sólo expresa las tendencias del desarrollo de las fuerzas productivas y la lucha del movimiento obrero, pero no es objetivamente necesario para el sistema.

En definitiva, estamos ante la destrucción efectiva de las conquistas del movimiento obrero durante la etapa anterior. Esto amenaza definitivamente a los sistemas educativos y sanitario públicos, pues el resto ya estaban absolutamente mal (sociales, dependencia…). No es ninguna exageración, sino la descripción de lo que nos aguarda si el movimiento obrero no es capaz de evitarlo.

El keynesianismo no es ninguna solución

La políticas keynesianas no pueden evitar la crisis del capitalismo. Se aplicaron masivamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y terminaron en la gran crisis de los años 70 con la estangflación (estancamiento económico e inflación simultáneos). Si el Estado inyecta liquidez a la economía pero no crece proporcionalmente la producción, y eso implica un aumento de la inversión, el resultado será inflación. Hoy se volvería a repetir una situación similar si se tratará de volver a aplicar el keynesianismo, y lo saben. La economía capitalista se mueve en función de la tasa de ganancia y si ésta no es suficiente, no invertirán.

El neoliberalismo surgió como alternativa al fracaso del keynesianismo, y viceversa, pero ninguna de las dos alternativas están pensadas para los intereses de los trabajadores, sino que expresan la reacción del sistema ante las amenazas al mismo. El neoliberalismo nunca fue coherente con su teoría, pero era útil para desmantelar el Estado del bienestar. En la etapa “neoliberal” el gasto público ha crecido, con un enorme gasto en armamento, ayudas a empresas y bancos, etc. Lo que se ha reducido es el “gasto social”, que es algo totalmente diferente. Al hablar de “Estado” no sólo se olvida la concepción marxista del Estado, sino que además se incurre en un error de graves consecuencias. Hoy pueden seguir reduciendo el gasto social a la par que incrementan el apoyo público a las empresas, con una política de aumento del gasto más acorde con el “keynesianismo” que con la teoría “neoliberal”.

Hay quienes defienden recurrir a una “cierta dosis” de inflación para recuperar la economía, por ejemplo la cúpula del propio Fondo Monetario Internacional. Pero eso no es una alternativa para los trabajadores, pues la inflación también supone un empobrecimiento efectivo, por la reducción del poder adquisitivo de sus salarios que propicia. Si no se recupera la inversión, darle a la máquina de hacer dinero, sólo es una manera de disparar la inflación y existe el riesgo de que se vaya de las manos. Sustituir el “neoliberalismo” por un “neokeynesianismo” no resolvería nada, basta recordar las tasas de inflación (y la hiperinflación) de los años 70 y 80. La única alternativa real es vincular la defensa de los derechos de los trabajadores a la abolición del sistema de trabajo asalariado, es decir, del capitalismo, explicando pacientemente la necesidad de esa política.

Un cambio en la política sindical

La burguesía cuenta con una poderosa baza para imponer su política a los trabajadores, la crisis. Con cerca de cinco millones de parados, la posición de la burguesía es muy fuerte. El presidente de la patronal madrileña (CEIM) animó a los que critican el «contrato de crisis» a preguntar a las personas que hacen cola en las oficinas del INEM «si prefieren seguir en el paro o un contrato indefinido con 20 días de indemnización en caso de despido».

En una economía de mercado los trabajadores estamos obligados a vender nuestra «fuerza de trabajo» a los dueños de los medios de producción para sobrevivir, y ese es el mecanismo que permite la explotación. Así pues, el trabajador deviene necesariamente una mercancía cuyo «precio» fluctúa según las leyes de la oferta y la demanda. El paro ha sido siempre un fenómeno crónico en el capitalismo, con mayor o menor magnitud, y no es ninguna casualidad. El ataque a los trabajadores en nuestro país se está planteando en tres frentes totalmente interrelacionados:

a) Una contrarreforma laboral que permita abaratar el coste de la mano de obra.

b) Una reducción drástica del gasto social.

c) Una contrarreforma del sistema de pensiones, para reducir su cuantía y forzar a la contratación de planes privados, en beneficio de la banca.

Las direcciones sindicales insisten una y otra vez en la necesidad del diálogo social, pero ningún pacto con la patronal será positivo para los trabajadores. Además, contaban con tener el respaldo del gobierno —cuyo voto depende fundamentalmente de los trabajadores— pero el Ejecutivo está cediendo a las presiones del capital como demuestran todas las medidas que ha puesto sobre la mesa que suponen una merma de los derechos de los trabajadores en todos los terrenos. La derecha y la patronal, por supuesto, quieren más, pero las discrepancias están sólo en la dosis.

Sólo firmarán un pacto si les beneficia, pues sólo lo quieren para hacernos tragar la amarga medicina sin que protestemos, tal y como lo explicaba el expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA): «Los sacrificios y esfuerzos que habría que hacer son tan grandes que ningún partido político soportaría el desgaste de hacerlo por sí solo»… «Y si es necesario que sea a puerta cerrada, como se hizo en los Pactos de la Moncloa».

El único pacto beneficioso para los trabajadores es el de la izquierda sindical y política para defender sus derechos laborales y un aumento drástico del gasto social. Eso sólo es posible a costa de un trasvase de renta de la burguesía a la clase trabajadora, por eso es inalcanzable un pacto que beneficie a ambos: con unos o con otros. Hay que tomar con firmeza la propuesta de una huelga general, ese es el único camino para poner en práctica ese programa. Los dirigentes sindicales deberían decirle claramente al Gobierno que, si IU es la única fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, actuarán en consecuencia y pedirán el voto para ella. Esa amenaza, unida a la movilización, sí podría obligar al Gobierno a desoír las presiones de la derecha y a escuchar al movimiento obrero.

Una de las paradojas de la situación es que mientras la derecha es cada día más radical y exige por todos los medios la defensa de sus intereses- por ejemplo las llamadas de Rajoy a “tomar medidas radicales” (sic), o de Díaz Ferrán, la Banca, etc... La izquierda llama al “diálogo”, a la “reflexión”... en lugar de llamar a la Huelga General.

La Huelga General no es una consigna, es el reflejo de toda una concepción, es la conciencia de que sólo la lucha puede garantizar nuestros derechos. Renunciar a ella es resignarse a contemplar como desmantelan nuestros derechos. Por eso no se trata de llamar a la huelga general y poner fecha, sino de explicar, de preparar y caminar hacia ella, con todo lo que implica en las empresas en la calle y en el seno de los sindicatos de clase, exigiéndolo a sus dirigentes y dando la batalla, en lugar de publicar artículos en la prensa explicando los inconvenientes de una huelga general, como hicieron los compañeros Méndez y Toxo en diciembre pasado. Es un error descartar un día la convocatoria de una huelga general por que «no es el camino para combatir la crisis y el paro», y amenazar con ella si nos atacan. La movilización de la clase obrera no es como un grifo que se cierra o se abre a conveniencia. Se ha podido comprobar en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones, las cuales, a pesar del amplio rechazo que suscita la medida, han tenido un participación modesta. Recuperar una dinámica de movilización no es tarea sencilla después de años de anquilosamiento. Se trata de defender las condiciones de vida dignas del conjunto de los trabajadores, seguir a la defensiva es garantía de una derrota en toda línea. Si el Gobierno no recibe una fuerte presión por la izquierda, ninguna reunión —pública o secreta— conseguirá contrarrestar la presión empresarial. Si se salen con la suya, el retroceso en los derechos laborales y en el gasto social en los próximos años será muy fuerte, pues llueve sobre mojado. Ya se ha perdido un tiempo precioso para ir preparando la movilización y es necesario no malgastar más.

Las direcciones de UGT y CCOO, como principales fuerzas sindicales de los trabajadores, deben abrazar decididamente el camino de la movilización. No en balde, fue la época de las grandes huelgas generales, desde la del 20 de junio de 1985 contra el recorte de las pensiones y, sobre todo, la del 14 de diciembre de 1988, cuando se alcanzaron los mayores aumentos del gasto social.

Es necesario un cambio de fondo en la política sindical. Nunca habrá un reparto equilibrado de los esfuerzos entre patronal y trabajadores para salir de la crisis —como se dice pretender en el último acuerdo sobre Negociación Colectiva—, tal y como está demostrando la realidad, porque el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores. La lucha sindical y la política, por la transformación social son indisolubles. Así lo reconocen los estatutos de ambos sindicatos. Los estatutos de CCOO establecen que la lucha del sindicato, además de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, se «orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática». Y los de UGT abogan por «la orientación revolucionaria de la lucha de clases» y la necesidad de crear «la fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, asumiendo algún día la dirección de la producción, el transporte y la distribución en el intercambio de la riqueza social».

Unir la lucha sindical y la política

Ahí está la clave para salir de esta situación, volver a ser capaces de unir la lucha por lo más inmediato a una propuesta de transformación socialista de la sociedad. La lucha sindical y la lucha política deben ir unidas, y la oposición a esta nueva contrarreforma laboral nos obliga ponerlo en práctica. En palabras de Marx: «Las tradeuniones trabajan bien como centros de resistencia contra las usurpaciones del capital. Fracasan, en algunos casos, por usar poco inteligentemente su fuerza. Pero, en general, fracasan por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación final de la clase obrera; es decir, para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado». Rosa Luxemburgo también insistió en esta idea: «No existen dos luchas distintas de la clase obrera, una económica y otra política; existe sólo una única lucha de clase que tiende simultáneamente a limitar la explotación capitalista dentro de la sociedad burguesa y a suprimir la explotación capitalista y al mismo tiempo la sociedad burguesa».

Estamos ante una cuestión de vida o muerte para la clase asalariada, no podemos plantear medidas tibias. Se debe proponer un programa que sea capaz de unir en la lucha a todos los estratos de la clase trabajadora:

1. Establecimiento con carácter general de la jornada laboral de 35 horas, sin reducción salarial y en cómputo semanal.
2. Reducción de la edad de jubilación a 60 años y establecimiento de la pensión mínima en el SMI reivindicado.
3. Establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.100 euros mensuales netos y un salario máximo de 3.000 euros netos mensuales. Supresión de las horas extra, salvo aquellas de fuerza mayor, que se compensarían con tiempo libre.
4. Incremento de los servicios públicos hasta la media europea, a fin de garantizar la atención de las necesidades sanitarias, educativas y de atención social reales. Fin de los sistemas privados concertados en educación, sanidad y en cualquier ámbito. Todo el dinero público debe ser para servicios públicos.
5. Establecimiento de una indemnización de 45 días por año trabajado para los contratos indefinidos, sin límite máximo de mensualidades y sin excepciones a la misma.
6. Eliminación del contrato temporal por circunstancias de producción. Para el resto de los contratos de duración determinada se velará por el cumplimiento del principio de causalidad con una supervisión estricta de la administraciones públicas, la inspección laboral y los sindicatos.
7. Eliminación de las empresas de trabajo temporal. La gestión del desempleo será pública al 100%.
8. Supresión de la precariedad en la administración pública.
9. Mientras no se garantice un empleo, todo parado tendrá derecho a un subsidio por desempleo como mínimo igual al SMI reivindicado.
10. Fin de las subvenciones y bonificaciones a las empresas privadas. El dinero público se empleará en desarrollar el sector público.

Todas estas medias son perfectamente posibles, dado que la sociedad tiene recursos más que suficientes para atenderlas. Lo que implican es un trasvase de riqueza de la burguesía hacia los trabajadores, es decir, una reducción de las desigualdades. Exactamente lo contrario de lo que lleva años pasando. Además, estas medidas deberían ser garantizadas por ley, a fin de asegurar su aplicación.

Por supuesto, este programa tiene que ir indisolublemente ligado a medidas que permitan poner bajo control de la sociedad los grandes recursos económicos, de lo contrario, no serán efectivas. En el Estado español una pequeña élite de 400 personas, el 0,0035% de la población controla recursos que equivalen al 80% del PIB. A finales de 2006, 20 familias eran propietarias del 20,14% del capital de las empresas del IBEX. ¿Qué es más importante: qué estas familias sigan enriqueciéndose a costa de la inmensa mayoría o lograr unas condiciones de vida dignas para todos? Para que los medios de producción estén al servicio de la mayoría es necesario:

Nacionalización de la banca, que junto con las Cajas de Ahorros, constituirán una BANCA PÚBLICA. No hay otra forma efectiva de controlar los grandes mercados financieros.

Nacionalización de las grandes empresas energéticas, industriales, de comunicaciones, constructoras, de distribución, transportes, etc.

Nacionalización de los grandes latifundios.

Estas medidas permitirían una planificación democrática de la economía que, por fin, podría ponerse al servicio de las necesidades sociales y desarrollarse un nuevo sistema productivo que buscara el equilibrio con el medioambiente. Sólo así la democracia puede entrar en la economía. Pero es más, la experiencia soviética fracasó por la existencia de una minoría burocrática que controlaba la economía en su beneficio. Por eso, socialismo y democracia deben ir unidos, ambos se necesitan para conseguir desarrollarse.