La Comunidad de Madrid privatiza la aplicación de la Ley de Dependencia

Escrito por Distrito 19 (nº 129 enero/febrero 2010) Jueves, 11 de Febrero de 2010 19:03

Estado español

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid anunció el pasado 25 de enero que las personas dependientes de esta comunidad podrán elegir antes del verano la residencia concertada que deseen gracias a un «cheque» o «tarjeta monedero» cargada con dinero procedente de la administración autonómica.

El dependiente recibirá en su tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado de Dependencia con el fin de poder afrontar los costes de la residencia concertada que elija. En el caso de que el centro le cueste más que la asignación de la tarjeta, será el propio dependiente quien ponga la diferencia.

El sindicato CCOO ha calificado la medida como «manipuladora» ya que lo que se ofrece a los dependientes no es una residencia sino que «les va a dar un cheque y que se busquen la vida, y si les falta dinero que lo pongan de su bolsillo». Alegan que lo que en la Ley de Dependencia es una excepción para algunos casos determinados en los que la Administración no pueda garantizar el servicio solicitado, se convierte en norma que beneficia más a las empresas que a los usuarios.

Para UGT la «tarjeta-monedero» fomenta el despilfarro, discrimina a las personas según su renta y fomenta la desigualdad entre los ciudadanos con menos ingresos. «Solo aquellas personas dependientes que puedan costear el precio de la residencia concertada (privada), que se ve reforzada frente a la pública, serán beneficiarios de este derecho». «Es la cofinanciación entre usuario y Administración de un servicio que se delega en una empresa». «Aquellas personas que no puedan pagar la diferencia entre el coste de la residencia y la cantidad adelantada por la Administración ser verán privados del disfrute de este derecho». El sindicato exige la retirada inmediata de esta «privatización encubierta del sistema de dependencia».

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales hicieron público un estudio a finales de enero según el cual «mas de 250.000 españoles en situación de dependencia son víctimas de una contención de expedientes que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho».

Esto implica una espera «excesiva, abusiva y sin explicación posible que va desde los 12 a los 18 meses». El mismo informe de los expertos destaca que Madrid «está ofreciendo una cobertura ridícula», acusando al Gobierno de Esperanza Aguirre de «falsear datos, y de falta de voluntad política para aplicar la Ley como demuestra que «sólo un 0,4% de la población está siendo atendida cuando la media nacional está en el 1,04%». El estudio tilda esta situación de «indefendible y deleznable».

Según CCOO, Madrid es la última comunidad en la implantación de la Ley de Dependencia y apenas llega a un tercio de la media nacional. Respecto a la lista de espera en Madrid cerca del 50% de los dependientes que ya tienen reconocido el derecho no han recibido la prestación, frente a un 38% de media nacional.

El sindicato acusa al ejecutivo madrileño de «burlar la Ley» a través del silencio administrativo, método que ha rechazado expresamente el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.

También se «burla la Ley» a través de la división del proceso de adjudicación de las prestaciones en dos procedimientos diferenciados (valoración y determinación de la prestación) que se pueden alargar, cada uno de ellos, en 6 meses.

Ante esta situación, a finales de enero se reunió el Consejo Territorial de Dependencia en el que se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y todas las comunidades autónomas, «por el que se comprometen a dictaminar las prestaciones de dependencia en el plazo de 6 meses y de 30 días en el caso de niños de 3 meses».

Teniendo en cuenta que el mismo día que se alcanza este acuerdo el Gobierno Aguirre anuncia su invento de la «tarjeta-monedero» son muchos los que dudan de su voluntad para llevarlo a cabo y más los que temen el nuevo atajo que este gobierno buscará para beneficiar a las empresas privadas relegando el derecho de los afectados a un último plano.

Distrito 19, (periódico vecinal editado por distintas asociaciones del distrito de Vicálvaro de Madrid)