Una reforma fiscal progresista, su importancia y sus límites

Escrito por Jordi Escuer Viernes, 29 de Enero de 2010 18:38

Estado español

“Los impuestos son la base económica de la máquina de gobierno, y nada más. En el Estado del futuro, existente ya en Suiza, esta reivindicación está casi realizada [un “impuesto único y progresivo de la renta”]. El impuesto a la renta presupone las diferentes fuentes de ingresos de las diferentes clases sociales, es decir, la sociedad capitalista. No tiene, pues, nada de extraño que los financial reformers de Liverpool —que son burgueses, con el hermano de Gladstone a la cabeza— planteen la misma reivindicación que el programa”.

(Crítica del Programa de Gotha, de Carlos Marx)

Este párrafo de Marx sitúa la cuestión fiscal en su correcta perspectiva. Quienes defendemos el socialismo frente al capitalismo, sin duda, estamos a favor de unos impuestos progresivos y directos. Esa es la única forma justa de plantear la recaudación fiscal en una sociedad capitalista. La reivindicamos por los mismos motivos que exigimos salarios dignos o mejores condiciones de trabajo, pero no perdemos de vista que, con ello, sólo conseguimos atenuar los efectos del capitalismo, no resolverlos. La reforma fiscal sólo es un elemento más de un programa más ambicioso que, necesariamente, ha de fundarse en la sustitución de la economía de mercado por una planificación económica y democrática de las grandes fuerzas productivas mediante su socialización. Colocado en esa perspectiva, el debate fiscal cobra su justa dimensión y se puede convertir en una herramienta más para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y, al tiempo, para mostrar la necesidad de superar el capitalismo si queremos que esas conquistas se consoliden y generalicen.

Lo primero que hay que tener en cuenta es a qué intereses representa el Estado. No es neutral, actúa como un administrador de los intereses de las grandes empresas y la política fiscal general, y la española en particular, lo denota de forma clara. Para empezar, la carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%)[1]. Y los beneficiados de esa menor presión fiscal son las grandes fortunas, y los perjudicados, los trabajadores.

¿Quién paga?

La renta declarada por los asalariados dobla la que declaran los empresarios[2]. Joan Herrera, diputado de ICV, denunciaba durante el debate de la última reforma fiscal, que el 93% de la recaudación del IRPF provenía de las rentas de los asalariados. Durante años se ha reducido el tipo impositivo máximo del IRPF y el número de tramos, medidas todas ellas que hacían más injusto el impuesto, pues beneficiaban a quienes más tenían. También se ha ido disminuyendo el impuesto sobre los beneficios de las empresas, el Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo máximo del 35%, más bajo que el máximo del IRPF.

El colmo lo encontramos en las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que les permiten a las grandes fortunas de este país eludir el pago de impuestos de forma legal [3]. Cuando los técnicos de Hacienda lo denunciaron y propusieron medidas para controlarlas, en 2005, se las puso bajo supervisión directa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores [3].

Además, durante estos años ha ido perdiendo peso específico la tributación directa en beneficio de la indirecta, que siempre es mucho más injusta. Los impuestos directos pasaron de suponer el 7.6% del PIB en 1995 al 7,1 en 2003 (mientras en la UE-15 pasaban del 9,5 al 9,9%) [4]. Política en la persiste el Gobierno de Rodríguez Zapatero aumentando el IVA y que enlaza con la de estos años pasados, en los que se ha ido eliminando los impuestos que afectaban a las grandes fortunas como el de Patrimonio o de Sucesiones, mientras Solbes bajaba del 45 al 43% el tipo máximo del IRPF y los tramos de cuatro a cinco.

IU ha denunciado que la consecuencia de todo esto es que durante las legislaturas del Partido Socialista se han dejado de recaudar por las distintas reducciones de impuestos 30.000 millones de euros. Algo a lo que habría que sumar las reducciones de los gobiernos de la derecha.

Finalmente, hay que sumar las bonificaciones a las empresas por contratación —en sus cuotas a la Seguridad Social— que no es otra cosa que una reducción de “impuestos” que desde 1998 han ascendido a 29.400 millones de euros [5].

A pesar de una legislación fiscal tan favorable para los empresarios, el fraude fiscal se establece en torno a los 90.000 millones de euros [6]. No parece que exista un excesivo interés en acabar con dicho fraude, pues si la dotación humana del la Agencia Tributaria está muy por debajo de la media de otros países desarrollados, en los presupuestos de 2010 se reduce el gasto previsto en este capítulo.

Sumando todo esto no es de extrañar que si bien los trabajadores pagan impuestos a nivel similar al existente en los principales países europeos, la burguesía española paga mucho menos que sus homólogos europeos [7]. Así pues, en comparación con otros países desarrollados, vivimos en un paraíso fiscal para los empresarios, sobre todo para las grandes empresas, que son las que realmente notan todas estas medidas.

¿En quién se gasta?

No es posible separar cómo se ingresa de cómo se gasta. Este año pasado, el Ayuntamiento de Madrid implementó una nueva tasa de basuras. La mayoría de las asociaciones de vecinos lo denunció porque ese dinero iba a ir directamente a financiar la política de obras faraónicas del PP. Así, una tasa que de hecho existe en otros Ayuntamientos y que, en circunstancias distintas a las del municipio madrileño, se debería apoyar, es justamente rechazada por el fin que se le va a dar. El consistorio de Gallardón sólo gasta un 4% de su presupuesto en políticas sociales (en torno a los 250 millones de euros), mientras que en el enterramiento de la M-30 se ha gastado —se ha endeudado— por más de 3.500 millones de euros, 14 veces el presupuesto social municipal íntegro.

La realidad es que el gasto público no ha dejado de crecer estos años, pero lo ha hecho en beneficio de las grandes empresas en todo el Estado, mientras se iba reduciendo el peso específico del gasto social. Al tiempo, con un sinfín de dinero y recursos públicos que, a través de diversos cauces —contratos, privatizaciones, conciertos…—, se otorgaban a las grandes empresas privadas gran parte de los recursos públicos. Bancos y grandes empresas, todas ellas están subvencionadas largamente por el erario público. Como decíamos al principio, el Estado es un comité que administra los intereses de la clase dominante y parece claro que así es, también en nuestro país.

Mientras un millón de familias tiene a todos sus miembros en paro y carece de ninguna fuente de ingresos, el erario público pone a disposición de la Banca en forma de ayudas y avales decenas de miles de millones de euros. Y los empresarios piden más de lo mismo: reducción de las cuotas a la seguridad social y más ayudas públicas, es decir, menos gasto social. Ya nos han explicado que el Seguro por desempleo es demasiado oneroso y desincentiva la búsqueda de trabajo [8].

Al final, todo responde a la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Fue la lucha de la clase obrera europea la que arrancó lo que se ha dado en llamar el “estado del bienestar”. También en el Estado español el gasto social alcanza su máximo en porcentaje de PIB en 1993, momento en que el diferencial con la UE se sitúa en su mínimo histórico. Actualmente, y desde el inicio de la década, por el contrario, la distancia entre lo que se gasta en la UE en políticas sociales y en España es similar al de la época del franquismo (unos 7 puntos), reflejando de forma nítida el retroceso del movimiento obrero en el Estado español. El gasto social en el Estado español al final de la dictadura ascendía a un 14% de todo el gasto (cuando la media europea estaba en 22%). La lucha obrera lo elevó hasta el 23’4% en 1993 —hay que recordar las huelgas generales del 85, 92, 94 y, sobre todo, la del 88, que formaron parte de un extraordinario proceso de luchas—, momento cumbre del gasto social, reduciéndose el diferencial con la UE 4 puntos (27,4%) [9].

Desde mediados de los noventa, a causa de las medidas tomadas por el último Gobierno de Felipe González —con Solbes al frente de Economía, por cierto— y las que tomarían los distintos gobiernos de la derecha, el gasto social iría perdiendo pie. La dinámica ha sido la misma en toda Europa, pero mucho más acentuada en el caso español [10]. Mientras la renta creció hasta casi equipararse con la europea en materia de gasto social la brecha volvió a abrirse, alcanzando los 70.000 millones de euros [11]. No cabe duda de que la situación de la mayoría de las familias trabajadoras sería muy distinta si esos recursos se hubieran empleado en desarrollar los servicios sociales públicos, la sanidad y la educación públicas, la vivienda pública…

Los límites de la reforma fiscal

Sin embargo, no debemos desligar la propuesta de reforma fiscal de un programa de transformación socialista. Al fin y a la postre, la recaudación se da sobre un sistema productivo determinado, del que es totalmente dependiente y al que está condicionada. No debemos perder de vista que las desigualdades sociales tienen su origen en la producción. Desde 1994 a 2006, mientras el PIB crecía un 60% el salario medio caía un 2,6% [12]. A pesar de que el número de trabajadores ha crecido en 7,6 millones durante estos años, la participación de los asalariados en la renta nacional ha ido disminuyendo. La izquierda no debe olvidar que el capitalismo se funda en la explotación del trabajo humano y de los recursos naturales, que son la fuente de toda riqueza. Al final, si se mantienen las relaciones de propiedad capitalistas, la fiscalidad tenderá a adaptarse a las necesidades de ellos, pues son los que tienen el control efectivo de la economía y del Estado. Y eso es lo que está sucediendo actualmente.

La política económica que se nos plantea también incluye una nueva regresión en la política fiscal, como señalábamos antes. Por tanto, la lucha por una reforma fiscal es sólo una pieza más del conjunto de reivindicaciones que debe plantear el movimiento obrero.

La intención de la burguesía es aprovechar la crisis para dar una vuelta de tuerca más a esa explotación, aprovechándose de algo que es estructural en el capitalismo: el desempleo. En una economía de mercado, la fuerza de trabajo es una mercancía más que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y en el terreno económico la posición del trabajador individual siempre es mucho más débil que la del empresario.

Sólo la organización y la acción colectiva de la clase obrera puede oponerse a los nuevos ataques. Ni siquiera empresa a empresa se puede llevar adelante esta lucha. Métodos que unifiquen la acción de los trabajadores, como la  huelga general, son los únicos que pueden hacer avanzar las políticas que recesitamos. A la reivindicación de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, al reparto del trabajo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales —sin disminución salarial—, se une la de una reforma fiscal progresista para que pague más quien más tiene. Sólo con un trasvase de renta de la burguesía hacia los trabajadores es posible atender las necesidades sociales existentes. Y, todo, ello tiene que ir unido a la propuesta de nacionalización de las grandes empresas para poner en marcha una planificación democrática de la economía.

En definitiva, sólo si la clase trabajadora recupera la iniciativa en una lucha de clases que nunca ha dejado de existir, pero en la que sólo la patronal tiene una propuesta firme y decidida, es posible revertir lo que está pasando. Es útil recordar algo que Marx decía de los sindicatos ingleses y que debería aplicar nuestra izquierda sindical y política:

“No debe olvidar que trabaja contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero que no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe de comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador “¡un salario justo por una jornada de trabajo justa!” deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema de trabajo asalariado!”. [13]

El mero hecho de que las grandes empresas, empezando por la banca, sean inviables sin el apoyo público, que los mejores servicios sociales sean aquellos prestados desde lo público, son un indicador claro de que la economía contemporánea está madura para la socialización y la planificación democrática de los recursos socializados, ésta es la única alternativa real y definitiva al desastre del capitalismo global.

Anexo datos

¿Hay demasiado trabajadores públicos en el Estado español?

Según los informes de la organización internacional del trabajo, OIT, y de la Agencia de recogida de datos de la UE, Eurostat, el porcentaje de población adulta que trabaja en el sector público en España es sólo 9.47%, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15. El promedio de la UE-15 es 16.1% y en Suecia y Dinamarca (dos de los países con mayor eficiencia económica) es 21.12% y 26.24% respectivamente.

El porcentaje de personas adultas ocupadas en el sector público es bastante parecido desde el año 2000, con un ligero descenso desde el año 2005 pasando de ser un 9.63%, a un 9.47% en 2008. Ha crecido, sin embargo, en la mayoría de países de la UE-15 durante el mismo periodo. En realidad, en España el crecimiento de empleo en el sector privado ha sido mucho mas rápido y elevado que en el sector público durante el periodo 2000-2008.

Una consecuencia del escaso desarrollo del empleo público es que la ciudadanía está pobremente atendida por las administraciones públicas. El número de empleados públicos por cien habitantes (6) es,  de nuevo, uno de los más bajos de la UE-15, sólo superior a Portugal e Italia. Este número es 17 en Dinamarca, 13 en Finlandia y 14 en Suecia (países donde los servicios públicos y el estado del bienestar son más extensos y más desarrollados, siendo a la vez –como reconoce incluso Davos, el Vaticano del pensamiento liberal- los países con mayor competitividad y eficiencia económica.

Extraído del artículo ¿Es el sector público demasiado grande? De  Vicenç Navarro, publicado el 11 de enero de 2010

Notas

1.-   La carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%). Las desigualdades sociales en España Público, 8 de octubre de 2009

2.-   “Los ingresos declarados por los empresarios volvieron a ser menos de la mitad de los percibidos por los asalariados, según se recoge en la última memoria de la Administración Tributaria que corresponde a la declaración de la renta de 2005. Así, mientras la renta anual media neta declarada por los asalariados creció un 3,9% hasta los 18.921 euros, la media de las actividades económicas se redujo un 0,6% hasta los 9.324 euros”. eleconomista.es  1/07/2008

3.-   Los inspectores de Hacienda fueron los encargados de controlar a las sicav hasta 2005, cuando tuvieron un enfrentamiento con la CNMV por las estructuras accionariales de estas sociedades de inversión, en muchas ocasiones dominadas casi por completo por un sólo accionista. Entonces, Economía decidió dejar la supervisión de las sicav sólo a la CNMV. “Todavía no entiendo por qué se ha dejado el control de las sicav en manos de la CNMV”, señala Montero. Para el consejero de Gestha, el Gobierno debería establecer límites accionariales para que estas instituciones de inversión colectiva no acaben siendo vehículos de inversión “con ventajas fiscales” para un sólo accionista. Los técnicos de Hacienda se quejan además de que los grandes accionistas de sicav españolas puedan reembolsar cientos de millones sin tributar, ya que cuentan con una posibilidad adicional frente a otros productos de inversión a la hora de retirar dinero: la reducción de capital con devolución de aportaciones”. Los técnicos de Hacienda piden mano dura con las sicav, publicado el 08-12-2009 por Jorge Zuloaga en www.expansion.com

4.-   El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias. Vicenç Navarro.

5.-   Situación de la economía española. Presupuestos Generales de 2010, Estudio realizado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO.

6.-   “Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España entre el 23% y 25% del PIB, mientras que, entre los 15 primeros países de la UE, esta cifra oscila entre el 10 y el 12%. Esto significa que cada año una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) no paga los tributos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000 millones de euros en las arcas del Estado”. Lucha eficaz contra el fraude y la economía sumergida. Prioridad y necesidad urgente. Informe realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

7.-   De ahí que, mientras lo que paga en impuestos un obrero en España no es mucho menos (en términos porcentuales) que lo que paga un obrero en la UE-15, lo que paga un burgués, sin embargo, es mucho más bajo que lo que paga su homólogo en el promedio de la UE-15. Las desigualdades sociales en España, Público, 8 de octubre de 2009.

8.-   La CEOE propone reducir las prestaciones por desempleo y su duración para "no trasladar a la gente el mensaje de tomárselo con calma", ya que ello puede "condenar a un paro perpetuo", según fuentes de la patronal. Europa Press - Madrid - 13/12/2009.

9.-   El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias. Vicenç Navarro.

10.- El gasto social suponía el 19,7 en 2002 en España, mientras la media de la UE era de 26,9 (también había caído, pero así como en el caso español lo había hecho en 3,7 puntos, la europea había descendido un 0,5%). El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias. Vicenç Navarro.

11.- “Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa Social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE) muestra como España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios-, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social, y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, situándonos a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Éste es el déficit de gasto público social en España”. El subdesarrollo social de España, Público 22 de octubre de 2009.

12.- Entre 1994 y 2006 el salario medio, en cómputo anual, perdió un 2,4 % de poder adquisitivo, la prestación media de desempleo un 16 % mientras que la pensión media se revalorizó un 18 %; una evolución positiva en este caso, pero muy moderada a la vista del crecimiento del PIB (62 %) y de los principales componentes de la riqueza: el patrimonio inmobiliario (162 % entre 1994 y 2006) y el valor patrimonial de los activos financieros de los hogares (116 % en el mismo periodo). Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994-2006 a partir de un sistema de indicadores. Colectivo IOÉ (www.colectivoioe.org).

13.   Salario, precio y ganancia. Carlos Marx.