¡Hincar la rodilla o movilizarse!

Escrito por Redacción Viernes, 12 de Marzo de 2010 15:07

Editorial

Pensionazo, reforma laboral, recorte del gasto, paro, precariedad…

El Gobierno ha pedido una gran Pacto anti-crisis. CiU y PNV siempre han abogado por él. El PP se resiste a entrar, pues sólo desea que el PSOE se desgaste para volver a La Moncloa cuando la economía remonte y le hayan hecho parte del trabajo sucio. ¿Cuál es el objetivo del pacto? El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), lo explica sin rodeos: «Los sacrificios y esfuerzos que habría que hacer son tan grandes que ningún partido político soportaría el desgaste de hacerlo por sí solo»… «Y si es necesario que sea a puerta cerrada, como se hizo en los Pactos de la Moncloa»1. Quieren aplicarnos la misma terapia que a Grecia y ese pacto busca hacernos digerir el ajuste sin perder la «paz social». Desde luego sí hace falta un acuerdo, pero del conjunto de la izquierda para movilizarse y exigir una política beneficiosa para los trabajadores, no un nuevo ataque. En resumen, si no luchamos, los trabajadores seguiremos pagando los platos rotos de la crisis.

Ha bastado que las agencias de rating2 amenazaran con bajar la calificación de la deuda española para que el Gobierno lanzara las contrarreformas de las pensiones y el empleo, junto a un drástico recorte del gasto público. ¿Puede haber dudas de quién manda en una economía de mercado? Son las grandes corporaciones capitalistas y sobre todo su sector más poderoso, el financiero, quienes determinan la política de los gobiernos.

El rescate del sector financiero ha costado, por ahora, en Alemania el equivalente a un 19,8% de su PIB; en Francia un 19%; en Gran Bretaña un 28,6% y en España un 14,3%3. Los gobiernos han dedicado ingentes cantidades de dinero público a apuntalar a las grandes corporaciones financieras pero, para controlar el déficit público, los recortes son sociales. El tijeretazo en Grecia va a suponer una reducción del presupuesto público del 10% —con consecuencias en Sanidad, educación…—, disminución del salario de los funcionarios en un 10%, aumento de la edad de jubilación, reducción de los impuestos directos (¡?) y aumento de los indirectos4. Y ese es el camino emprendido por el resto de los países desarrollados.

El Gobierno cede ante la presión empresarial

No es la ayuda a los parados el principal capítulo que genera déficit, sino las ayudas a las empresas, sobre todo a los bancos. Basta contrastar los 143.000 millones puestos a disposición de la banca en España con los 30.000 millones que han supuesto las prestaciones por desempleo en 20095. Y la banca ya ha avisado que serán necesarias nuevas medidas de apoyo público para sanear sus cuentas.

La burguesía española ha aprovechado la presión de los mercados financieros sobre el euro, para empujar al Gobierno en la senda del ajuste. Quieren más ayudas públicas a sus inversiones, pagar menos a la Seguridad Social y a Hacienda y, al tiempo, que se reduzca el gasto público. Eso sólo puede llevarse a cabo con una disminución del gasto social. Además, quieren un despido y una mano de obra más baratos. Un pacto con la patronal y sus representantes políticos sólo se alcanzará si se acepta su política de ajuste.

La izquierda tiene mayoría en el Parlamento, ¿qué le impide al Gobierno poner en práctica una política de izquierdas? La falta de un programa socialista y la presión de la burguesía. Rodríguez Zapatero insiste en que con este Gobierno «los trabajadores no van a perder derechos en ninguna reforma laboral»6. Pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, la realidad es que las propuestas gubernamentales ya suponen un recorte para los trabajadores. La reforma laboral conlleva un abaratamiento del despido, así como el resto de medidas —la reforma de las pensiones y el plan de estabilidad económica— conllevan una reducción del gasto social a corto y a largo plazo.

El Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, explicaba en febrero a un nutrido grupo de inversores en Londres que la reforma de las pensiones —el retraso de la edad de jubilación a 67 años y otras medidas— permitiría ahorrar una cantidad equivalente al 4% del PIB en 2030, y el recorte del gasto público de 50.000 millones hasta 2013, reduciría el déficit público del 11,4% al 3%7. Cuando le preguntaron si tenía un plan B, dijo que el Gobierno recortaría más el presupuesto si fuera necesario, incluido el salario de los funcionarios. Todas esta medidas han de hacerse extensivas a las comunidades autónomas y ayuntamientos que controlan el 70% del gasto. Así pues, estamos ante una más que previsible reducción del gasto sanitario, educativo y de los servicios públicos.

La actitud gubernamental no puede sorprender, pues ya tuvimos un aviso con las medidas fiscales aprobadas hace unos meses, con el aumento del IVA. Al final, el Gobierno está aplicando la política de Solbes pero sin él, forzado por su falta de alternativa y la presión del capital. Ya ha aceptado la colaboración que le han ofrecido CiU y PNV para sacar adelante las medidas «impopulares». ¿Podemos esperar resultados positivos de ninguna de las mesas de negociación existentes? Ni los partidos que representan a la burguesía, ni la propia patronal, firmarán nada que no les convenga. La finalidad del pacto es arropar los «sacrificios» que sólo van a ser efectivos para los trabajadores.

Sería bueno que la dirección socialista recordase las ideas de Pablo Iglesias: «Ni la mejora de las condiciones de éstos [los trabajadores], ni su libertad o emancipación deben esperarlas de los partidos políticos burgueses, por avanzados que sean, sino que ambas cosas han de ser obra suya, resultado único y exclusivo del esfuerzo de los proletarios»8. Ni CiU, ni PNV, y aún menos el PP, pueden resolver los problemas que se le plantean a los trabajadores, su programa es el de la patronal.

Hace falta un giro en la política sindical

El único pacto beneficioso para los trabajadores es el de la izquierda sindical y política para defender sus derechos laborales y un aumento drástico del gasto social. Eso sólo es posible a costa de un trasvase de renta de la burguesía a la clase trabajadora, por eso es inalcanzable un pacto que beneficie a ambos: con unos o con otros. Hay que tomar con firmeza la propuesta de IU de ir hacia una huelga general, ese es el único camino para poner en práctica ese programa. Los dirigentes sindicales deberían decirle claramente al Gobierno que, si IU es la única fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, actuarán en consecuencia y pedirán el voto para ella. Esa amenaza, unida a la movilización, sí podría obligar al Gobierno a desoír las presiones de la derecha y a escuchar al movimiento obrero.

Es un error descartar un día la convocatoria una huelga general por que «no es el camino para combatir la crisis y el paro»9, y amenazar con ella si nos atacan. La movilización de la clase obrera no es como un grifo que se cierra o se abre a conveniencia. Se ha podido comprobar en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones, las cuales, a pesar del amplio rechazo que suscita la medida, han tenido un participación modesta. Recuperar una dinámica de movilización no es tarea sencilla después de años de anquilosamiento. Se trata de defender las condiciones de vida dignas del conjunto de los trabajadores, seguir a la defensiva es garantía de una derrota en toda línea. Si el Gobierno no recibe una fuerte presión por la izquierda, ninguna reunión —pública o secreta— conseguirá contrarrestar la presión empresarial. Si se salen con la suya, el retroceso en los derechos laborales y en el gasto social en los próximos años será muy fuerte, pues llueve sobre mojado. Ya se ha perdido un tiempo precioso para ir preparando la movilización y es necesario no malgastar más.

Las direcciones de UGT y CCOO, como principales fuerzas sindicales de los trabajadores, deben abrazar decididamente el camino de la movilización. No en balde, fue la época de las grandes huelgas generales, desde la del 20 de junio de 1985 contra el recorte de las pensiones y, sobre todo, la del 14 de diciembre de 1988, cuando se alcanzaron los mayores aumentos del gasto social.

Pero, además, es necesario un cambio de fondo en la política sindical. Nunca habrá un reparto equilibrado de los esfuerzos entre patronal y trabajadores para salir de la crisis —como se dice pretender en el último acuerdo sobre Negociación Colectiva—, tal y como está demostrando la realidad, porque el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores. La lucha sindical y la política, por la transformación social son indisolubles. Así lo reconocen los estatutos de ambos sindicatos. Los estatutos de CCOO establecen que la lucha del sindicato, además de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, se «orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática». Y los de UGT abogan por «la orientación revolucionaria de la lucha de clases» y la necesidad de crear «la fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, asumiendo algún día la dirección de la producción, el transporte y la distribución en el intercambio de la riqueza social». Así sea.

Notas

1. El pacto de Estado a debate/Quintás pide un pacto en el que participen todos los partidos/Multitud de representantes del mundo económico abogan por un acuerdo de unidad contra la crisis/ publicado en Cinco Días (18/02/2010)
2. Son empresas privadas que se dedican a calificar el riesgo crediticio de otras empresas y estados para los inversores privados. Destacan Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s.
3. Sorprenderá al lector saber que muchos de los países de la Unión Europea (incluyendo España) se gastan, en términos proporcionales, cantidades mayores en ayudar a la banca que EEUU (Alemania se gasta el equivalente a un 19,8% de su PIB en tal capítulo; Francia un 19%; Gran Bretaña un 28,6% y España un 14,3%, cantidades mayores que lo que se gasta EEUU, donde tales ayudas representan el 5,1% del PIB). (Vicenç Navarro, «La respuesta insuficiente de la UE», Público, 16 de abril de 2009.
4. Costas Douzinas —The Guardian—, «Lo que de verdad hay detrás de la crisis económica en Grecia, y qué enseña políticamente sobre la actual Unión Europea», 9 de febrero de 2010. Recogido de www.attac.es
5. Situación de la Economía española/Presupuestos Generales del Estado 2010. Análisis realizado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Gasto en subsidios por desempleo, página 231.
6. «Deseamos un acuerdo social, pero, atención, a pesar de que me lo pidan y me lo pidan, llegan a hacerlo con mucha insistencia, con este Gobierno los trabajadores no van a perder derechos en ninguna reforma laboral». El País, (22/02/2010).
7. El País (7/02/2010).
8. El Socialista, nº 59 (22/04/1887).
9. «Una huelga general no es el camino para combatir la crisis y el paro», Públido (11/12/2009).