Intervención pública de la economía para defender los derechos sociales

Escrito por Redacción Viernes, 28 de Noviembre de 2008 14:16

Editorial

El Gobierno pone el erario público al servicio de las grandes empresas

La economía española está en crisis. Los mismos que decían que gozaba de «buena salud» responsabilizan a la crisis financiera de la situación, pero eso es poner el carro delante de los bueyes. La realidad es que ya tenía muy mala salud antes del colapso bancario. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, como el resto, ha puesto el erario público a disposición de los entidades financieras, consolidando la socialización de las pérdidas de los años de borrachera especulativa y abundantes beneficios privados. No se pueden respaldar esas políticas y pedir que no se cargue la crisis sobre los hombros de los trabajadores, son cosas incompatibles. Ante la crisis del capitalismo destaca más la de la propia izquierda. Si queremos devolver al movimiento obrero la iniciativa ante las renovadas agresiones a sus condiciones de vida y trabajo hemos de dotarlo de una alternativa: la intervención pública de los resortes centrales de la economía, que posibilite su planificación democrática en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos sociales.

La economía española ha vivido durante años el alza espectacular de la construcción de viviendas que empezó a perder fuelle antes del derrumbe de las hipotecas subprime en Estados Unidos. El auge inmobiliario generó una burbuja especulativa que ha dado unos beneficios espectaculares a los bancos y a las empresas del sector. Su mantenimiento dependía de que el valor de los pisos y sus ventas crecieran indefinidamente y, como eso es imposible, apenas se ha saturado el mercado ha empezado el declive. Por tanto, la crisis se hubiera dado en cualquier caso y la situación económica internacional, en la que el Estado español está profundamente integrado, sólo contribuye a agravarla1.

¿Cómo quieren resolverse el problema poniendo los recursos públicos al servicio de los principales responsables del desastre? El crecimiento económico español no era «saludable» porque estaba supeditado a las ganancias privadas, con el resultado de un crecimiento exponencial de las desigualdades y de un deterioro de los recursos naturales, en nuestro país y en todo el mundo. En realidad, es un sistema inviable que nos ha llevado a esta situación ¿Vamos a apuntalar con dinero público este sistema? Y, si en la época de auge ha tenido tan nefastas consecuencias, ¿qué pasará con las vacas flacas?

El problema es que todos los análisis de la crisis parten de no cuestionar las relaciones de propiedad, el hecho de que las principales empresas y entidades financieras de este país toman sus decisiones no en función de las necesidades sociales sino de las ganancias privadas de sus principales accionistas. Los trabajadores se quedan en paro no porque no haya numerosas necesidades sociales que atender, sino porque los medios de producción y los recursos necesarios para atender esas necesidades están en manos privadas. Si el Ayuntamiento de Madrid se ha endeudado hasta las cejas para enterrar 60 kilómetros de carretera en lugar de edificar las escuelas infantiles, viviendas protegidas, centros de mayores, etcétera, y dotarlos de personal público cualificado y con derechos, que es lo que la mayoría de la población de la ciudad necesita, es porque lo primero resulta más rentable para las grandes empresas del ramo.

«No vamos a permitir que la crisis la paguen los trabajadores», dicen las direcciones sindicales pero lo cierto es que ya la están pagando, pues en la economía de mercado en la fuerza de trabajo es una mercancía más, que se compra o no en función del rendimiento que se le puede sacar. Parecen olvidar que las ganancias provienen de la explotación de los trabajadores. Durante estos años han incrementado sus beneficios a costa de sobre explotar a los trabajadores, especialmente a los eventuales e inmigrantes. Ahora, aprovecharán la crisis para dar una nueva vuelta de tuerca que acabe con los derechos que aún le restaban a la clase obrera. Los intereses de la patronal y la clase obrera son antagónicos, no puede encontrarse una solución en beneficio de ambos.

Un «nuevo modelo» productivo

Como una especie de bálsamo de Fierabrás, no hay día que no oigamos hablar de la necesidad de un nuevo modelo productivo. ¿A qué se refieren? El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, afirma que la empresa española tiene un problema de competitividad cuya solución exige aumentar la productividad, para fabricar más barato, e insiste en que «los beneficios de hoy son los puestos de trabajo de mañana»2. Eso es falso, las empresas españolas han cosechado beneficios récord durante estos años y ahora están destruyendo empleo, ¿para qué? Para seguir manteniendo sus ganancias.

¿Por qué es baja la productividad de las empresas españolas? Porque durante estos años la burguesía ha invertido el grueso de sus ganancias en el ladrillo, aprovechando la abundante mano de obra barata, y en inversiones internacionales, comprando empresas privatizadas en América Latina y en otros países. El resultado es que la inversión en Investigación y Desarrollo (l+D) está en nuestro país por debajo de la media europea, a pesar de que las ganancias de la burguesía española crecían por encima de la misma3. Ahora que se acabó el chollo, están dispuestos a invertir en otros sectores, pero si se les garantiza mano de obra barata y apoyo financiero público.

¿Eso traerá una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores? El aumento de productividad no tiene nada que ver en cómo se reparten las ganancias entre empresarios y trabajadores. Es más, si el crecimiento absoluto de la producción no lo compensa, un incremento de productividad implica una menor mano de obra para hacer el mismo trabajo. En Alemania, sin duda un país con una alta productividad y un potencia exportadora, el capitalismo ha impuesto una drástica reducción de los derechos de los trabajadores, con un paro crónico enorme, lo que les ha permitido incrementar sus ganancias y la productividad. A resultas, Alemania es uno de los países donde más han crecido las desigualdades en los últimos años4. Por tanto, tener una economía más productiva no garantiza un reparto más justo de la renta ni unas mejores condiciones de vida de los trabajadores. Con las propuestas de la patronal tenemos garantizado que el «cambio de modelo productivo», ocasionará un nuevo crecimiento de las desigualdades sociales, en las que España tiene una situación de partida peor que Alemania.

No se está hablando sólo de productividad sino, sobretodo, de ganancias. Bajo el capitalismo, para que una sola máquina se mueva, previamente tiene que garantizar unas ganancias determinadas a los dueños de los medios de producción. Si es más rentable edificar viviendas que producir alta tecnología, las inversiones irán ahí. Si las ganancias son mayores invirtiendo en China o Argentina, no lo harán aquí. Por tanto, cuando hablan de competitividad en realidad están hablando de garantizar un nivel de ganancias. Y éstas, dada un productividad media, son determinadas por el grado de explotación al que someten al trabajador.

¿Qué buscan las medidas que propone la patronal? Debilitar la capacidad del trabajador para defender sus derechos, a fin de obtener más trabajo a cambio de menos dinero. Para ello cuentan con la crisis y el crecimiento del desempleo, una amenaza constante sobre los trabajadores para obligarles a aceptar unas condiciones laborales peores. ¿Por qué una de sus primeras exigencias es abaratar el despido? ¿en qué ayuda eso a reducir el desempleo?, en nada, sólo garantiza una mayor facilidad para despedir a los trabajadores más antiguos e incrementar sus ganancias.

¿Puede resolverse la actual situación en una mesa de negociación con la patronal? Esa es la tesis central del gobierno socialista y de las direcciones sindicales, pero es totalmente ilusoria. Díaz Ferrán señalaba que «en el diálogo social con los sindicatos vamos a hablar de todo y de flexibilizar más todo el mercado de trabajo»… y que la CEOE «nunca se va a levantar de una mesa de negociación», pero inmediatamente dejó claro que si no se llega a acuerdos necesarios, el Ejecutivo tiene que «tomar las medidas oportunas porque el Gobierno está para gobernar»5. Por tanto, la patronal sólo está dispuesta a suscribir un acuerdo que recoja sus exigencias, si no piden que el Gobierno las imponga.

Una alternativa socialista

El problema es que las principales direcciones de la izquierda sindical y política no cuestionan la economía de mercado, es decir, aceptan el capitalismo. Por eso, han sido incapaces de prevenir al movimiento obrero del desastre social que se avecinaba. La crisis cíclica se superará, tras la recesión vendrá la recuperación, pero los problemas sociales y ecológicos seguirán sin resolverse y se agravarán. No se trata de abogar por medidas anticíclicas, que supondrían perpetuar el problema y dejar que la degradación social y medioambiental siga avanzando, sino poner fin a las causas de fondo de esta situación y eso implica cuestionar el sistema.

Un programa económico integral que garantice el empleo y los derechos sociales debe partir de proponer una intervención pública general de las grandes empresas y el desarrollo de un amplio sector público, que ponga la economía al servicio de las necesidades sociales. ¿Utópico? El Gobierno trabaja con una perspectiva de 3 millones de parados en 2009, una cifra que se va a alcanzar antes de que acabe el 2008, con lo que es probable que se alcancen y superen los cuatro millones de afectados6. Ya hoy un millón de desempleados no perciben ningún seguro de desempleo. A eso hay que sumarle que los servicios sociales públicos en nuestro país están muy por debajo de las necesidades y ahora, que caen los ingresos de todas las administraciones ¿qué podemos esperar? Una situación desastrosa para la mayoría de los trabajadores y sus familias.

La realidad nos muestra tercamente cuál es el camino. El presidente de la CEOE ha pedido «un paréntesis en la economía de mercado»7. No cabe mejor reconocimiento de que las grandes empresas, empezando por los bancos, no se sostendrían si no fuera por el respaldo público de su Estado. El mejor ejemplo nos lo da la propia banca. Si hemos de subvencionarla con una ingente cantidad de dinero público ¿por qué ésta no debería pasar a ser pública? La propia burguesía está dispuesta a nacionalizarlos, si no hay más remedio, para pagar las pérdidas y devolverlos «saneados» a manos privadas. Al fin y al cabo, lo que ahora sucede es que la minoría inmensamente rica que controla dichas entidades, gestiona nuestros ahorros en su beneficio. Pues bien, que lo haga el sector público, pero bajo control democrático y con transparencia para que nuestros ahorros se empleen en desarrollar una economía al servicio de las necesidades sociales. La transformación de la banca en pública, sería la primera medida necesaria para revisar todas la hipotecas de tal forma que ninguna familia trabajadora y humilde pueda ser desahuciada por no poder hacer frente a la mensualidad.

Sin embargo, la nacionalización de la banca sólo funcionará si es el primer paso de un plan global que ponga en marcha una planificación de la economía en función de las necesidades sociales y bajo control democrático. No queremos una sector público gestionada por los mandarines de la empresa privada en beneficio de los de siempre ni crear un nuevo INI. No se trata de hacer un paréntesis en la economía de mercado, sino de sustituirla por otro sistema.

Ahora mismo, el gasto público ya supone en torno al 40% del PIB en nuestro país8, pero buena parte de ese dinero va a parar a manos privadas de un reducido núcleo de grandes empresas contratistas de la administración en todos los órdenes: obra civil, servicios… Deben revisarse todos estos gastos, en especial los grandes planes de infraestructuras, para ver cuáles son las prioridades y deben constituirse empresas públicas para atender dichas necesidades. Así mismo, deben revisarse todos los contratos con empresas privadas y preparar ampliación la plantilla pública para que pase a desempeñar esos servicios directamente y cancelar esos contratos. De esa forma se garantizarían empleos estables, bien remunerados y con derechos. Hay que lanzar un plan de construcción y dotación de servicios públicos que garanticen la atención social, sanitaria y educativa de toda la población.

Todas las grandes empresas que constituyen de hecho un oligopolio fundado en la atención de necesidades sociales —comunicación, transporte, energía, agua, gran distribución…— deberían pasar a ser públicas para garantizar un servicio de calidad a costes reales. Así mismo, las grandes empresas industriales que amenacen con deslocalizarse o que apliquen planes de reducción de plantilla, deberán ser intervenidas públicamente.

Este programa es la única vía que permitiría tomar un control efectivo de la economía y priorizar el empleo y las necesidades sociales. Mediante él sería viable la puesta en marcha de una ley de jornada laboral de 35 horas semanales, sin reducción salarial, como primer paso para absorber el paro galopante; el establecimiento de unos salarios acordes con las necesidades reales de la familias; la puesta en marcha de una auténtica ley de la Dependencia, la ampliación de la Sanidad y Educación públicas, etcétera.

Esta propuesta no sólo interesaría a los trabajadores, sino que sería la única que podría dar una salida a los pequeños y medianos empresarios, hoy totalmente sometidos a los grandes oligopolios privados. Las grandes organizaciones empresariales utilizan constantemente la defensa de las PYMES como excusa para seguir reclamando medidas en beneficio principalmente de las grandes. Si la columna vertebral económica pasa a ser pública, gestiona de forma democrática y transparente —por sus trabajadores y usuarios—, si la banca pública garantiza el acceso al crédito en buenas condiciones, si el conjunto de los trabajadores mantiene unas condiciones de vida dignas, la pequeña empresa es necesariamente beneficiaria. La oposición frontal a estas medidas vendría de la gran burguesía, pues supondrían el fin de sus inmensas fortunas y de las desigualdades sociales en las que se asientan. Pero ¿tenemos otra alternativa? ¿podemos seguir permitiendo que crezcan las desigualdades y su correlato de sufrimiento humano?

Nos dirán que estas propuestas no caben en la Unión Europea, pero la realidad es que ahora estamos viendo como ante medidas intervencionistas —el gobierno británico y el portugués han nacionalizado parte de la banca—, las instituciones europeas miran hacia otro lado y son «flexibles». Seguro que ante estas medidas no harán la vista gorda, porque amenazan los intereses de los grandes oligopolios europeos. Pero, en la medida que los trabajadores europeos sufren exactamente los mismos problemas que nosotros, no nos cabe ninguna duda de que el ejemplo de una política socialista consecuente despertaría la simpatía entusiasta de la mayoría de la población europea, y mundial, abriendo las puertas a un modelo económico distinto, realmente basado en la cooperación de los pueblos en beneficio mutuo y no en la explotación de unos por otros.

Notas:

1.- Ver los dos anteriores números del Claridad, 56 y 57, con análisis de la situación económica internacional y española (www.nuevoclaridad.org)

2.- Entrevista al Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en el programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser del 23/Oct/08 (www.cadenaser.com).

3.- Radiografía del I+D+i/La gran empresa no da ejemplo de innovación, Público, 6/Oct/08.

4.- Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) publicado en octubre y presentado en París, señala que el crecimiento de la economía mundial de las últimas dos décadas fue fundamentalmente injusto y benefició a los más ricos. Las diferencias entre ricos y pobres ha crecido en tres cuartas partes de los 30 países miembros de esta organización. En la primera mitad de la década actual, Alemania ha sido el país en el que más rápidamente ha crecido la desigualdad. Aún así, la desigualdad sigue siendo mayor en España que en Alemania. (Público 22octubre2008).

5.- Declaraciones de Díaz Ferrán en el XII Congreso Nacional de Empresarios del Transporte, celebrado en Santiago de Compostela. Europa Press (25/sep/08)

6.- Previsión que acompaña los Presupuestos Generales propuestos para 2009.

7.- Declaraciones de hechas en el Comité Ejecutivo de la CEOE el 17 de septiembre de 2008.

8.- Según datos de Eurostat, el gasto público es hoy inferior al que había en 2004 (un 38,8% frente al 38,9% del PIB), mientras que en la UE a 15 ha pasado del 47,6% al 46,1%.

Anexos

Medidas para desarrollar el sector público económico y social

- La elevación del gasto social hasta la media europea en dos años. Es decir, incrementarlo en 70.000 millones de euros. Eso garantizaría los recursos necesarios para empezar a salir del subdesarrollo social.

- Reforma Fiscal con una máxima central «que pague más quién más tiene». Eliminación del IVA para todos los productos de primera necesidad. Nuevo Impuesto sobre la Renta con proporcionalidad absoluta en función de la renta y un tipo máximo del 50%. Equiparación del Impuesto de Sociedades al tipo máximo de la renta. Reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio.

- Eliminación gradual, en el transcurso de una legislatura, de todos los sistemas concertados con empresas privadas, generando los medios públicos para garantizar su prestación directa. La primera medida a tomar sería realizar auditorías a todas las empresas concesionarias para comprobar el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales, los beneficios y las condiciones de los trabajadores. Dichos informes se harían públicos.

- Creación de empresas municipales de servicios sociales, con la debida dotación y de común acuerdo con la administración autonómica, que garanticen la atención pública. Para eso es imprescindible tanto la dotación de fondos suficientes a los Ayuntamientos, como una ley de derechos sociales mínimos para todo el Estado.

- Creación de empresas autonómicas para la construcción de vivienda pública y rehabilitación, con participación de los ayuntamientos. Las viviendas de protección pública sólo se otorgarán en régimen de alquiler, de cara a crear un patrimonio público suficiente. Ninguna vivienda debe permanecer vacía sin causa justificada, la administración debe actuar para velar y garantizar que se alquila a precios asequibles. Los procesos de urbanización siempre serán desarrollados directamente por las administraciones municipales, con participación democrática de las entidades vecinales y sociales. Se garantizará que todo el suelo público se emplea exclusivamente para vivienda protegida y dotaciones. Nueva ley del suelo que de a éste el carácter de un bien social, cuyo uso está supeditado a las necesidades sociales y al respeto del medioambiente.

- Creación de una Empresa Pública Estatal de Farmacia, como una parte más de la Sanidad Pública y vinculada a las Facultades públicas de Medicina y Farmacia. Esta empresa sería la encargada de suministrar las medicinas que recete el sistema sanitario público. Eso permitiría abaratar decididamente el costo farmacéutico del mismo y abriría la puerta a convenios de colaboración con otros países para desarrollar proyectos de medicina públicos realmente útil para afrontar las principales enfermedades que afectan a la población mundial. Las patentes de sus medicamentos serían gratuitas para empresas públicas sanitarias de países democráticos.

- La primera medida a tomar es que toda ayuda pública concedida a empresas privadas de más de 50 trabajadores, serían a cambio de la concesión de participaciones a la Administración en la propiedad de dichas empresas, de forma proporcional a la cantidad pública aportada.

- Expropiación forzosa de los principales accionistas de los bancos españoles. A los pequeños accionistas se les permitiría optar entre seguir como tales o recibir una indemnización adecuada.

- Transformación efectiva de las Cajas de Ahorros en una Banca social, que dedique el 75% de sus beneficios a inversiones sociales —bajo supervisión de las administraciones públicas y entidades sociales—, así como renunciar a las inversiones especulativas. Unificación en una sola entidad pública de carácter estatal.

- Apertura de un proceso de unificación en un solo ente público de bancos y de Cajas de ahorro.

- Supresión del secreto bancario así como la utilización de paraísos fiscales, cuya abolición se reclamaría.

- Expropiación forzosa de los mayores accionistas y propietarios de las principales empresas privadas de Telecomunicaciones, Energía, Transportes, grandes distribuidoras comerciales, suministro de Agua y grandes latifundios.

- Todas ellas, en su sector, se unificarían en una sola entidad pública en el ámbito territorial que les correspondiera por sus características, y su gestión quedaría sometida al control de una comisión con representantes de la administración, de sus trabajadores y de los usuarios.

- La líneas generales del plan económico, con carácter cuatrienal, serían elaboradas un nuevo Ministerio de Planificación económica y las Consejerías consecuentes de las distintas comunidades, con la participación de los Consejos Económicos y sociales, y sometidos al debate y aprobación del Parlamento estatal y de los parlamentos autonómicos. La ejecución de dicho plan debería ser plenamente descentralizada de cara a hacer viable tanto el control democrático en todos los niveles como la realización efectiva del mismo. Anualmente se revisaría su ejecución en los Parlamentos, en el mismo proceso de aprobación de los presupuestos generales.

- Creación de una Red pública de servicios de distribución de mercancías, mediante consorcios entre administraciones autonómicas y municipales. Evitar la especulación, garantizar un pago justo a los pequeños productores y fomentar un consumo racional y sostenible.

La salud del sistema financiero

La cantidad que el Gobierno español ha puesto al servicio de las entidades financieras asciende a 150.000 millones de euros, 25 billones de las antiguas pesetas, mientras a fomento del empleo se destina una partida extraordinaria de 170 millones de euros, casi 1000 veces menos. «Respaldar el sistema financiero quiere decir lo mismo que respaldar a la economía de los ciudadanos y de las empresas»1, dice el presidente. Emulando al presidente de la General Motors en los años 50 del siglo pasado —«lo que es bueno para el país es bueno para GM y viceversa»—, viene a decirnos que lo que es bueno para la banca es bueno para la sociedad.

Afirma que si no actúan en respaldo de las entidades financieras corremos el riesgo de sufrir una peor situación económica. Nos cuentan una verdad a medias, pues quizás eviten un crack financiero, pero no explican cómo esta intervención puede garantizar beneficios a los trabajadores y esconden que supondrá una reducción drástica de los recursos públicos para atender las necesidades sociales.

Aunque el sistema bancario español no ha aplicado algunas de las prácticas especulativas de las entidades financieras estadounidenses, ¿qué ha sido si no el auge inmobiliario? Un inmenso aquelarre especulativo ha empapado la economía créditos imposibles de devolver. El total de créditos en vigor ascendía casi a 2,5 billones de euros en julio de 2008 2, casi un billón de los cuales corresponde a créditos a las familias. El 70% de ellos tienen relación con el ladrillo, a través de la construcción y la promoción de viviendas o las hipotecas a particulares, el doble que en la crisis de 1992 3. Sólo el otorgado a constructoras y promotoras inmobiliarias supone 470.000 millones de euros 4. Si la morosidad alcanzó el 8% en el año 92, ¿hasta donde puede llegar hoy? La media actual es de un 2,15% 5, una cifra baja pero que está creciendo muy rápidamente, habiéndose triplicado en un año. Hay entidades como Caja de Madrid, la segunda mayor caja, que tiene un 3,57%, el quíntuple de hace un año 6.

Para mantener un nivel de endeudamiento tan alto, el sector financiero español ha tenido que recurrir al crédito internacional, lo que ha provocado un déficit exterior de 100.000 millones de euros. Este año les vencen créditos exteriores por importe de 20.000 millones de euros y, en 2009, de 80.000 millones7. La banca española es la que más ha recurrido a las emisiones del Banco Central Europeo (BCE) y les viene como agua de mayo este apoyo estatal.

Un alto ejecutivo financiero español afirmaba que si el número de parados aumentaba en un millón «habrá problemas serios para el sector, sobre todo para las cajas radicadas en el arco mediterráneo… si los nuevos desempleados suman dos millones, con lo que se llegaría a los cuatro millones en España, la situación será dramática para las entidades medianas y pequeñas. Peor de lo que imaginamos.» 8. El desempleo ya va por los 2,8 millones y no hay ninguna duda de que las cosas irán peor en 2009, por lo que no es descabellado esperar que el desempleo pueda rondar los cuatro millones y superar el récord de 1993.

Nos dicen que estas medidas no costarán nada al erario público pero eso no pueden garantizarlo. Los 50.000 millones de euros invertidos en activos de las entidades bancarias no se sabe que valor tendrán en años venideros, sólo en el último año los títulos de Bolsa del Ibex 35 han caído a la mitad. Tampoco nada asegura que los 100.000 millones en avales a emisiones de deuda de estas entidades no tengan que ejecutarse en un futuro próximo. Y, por último, tampoco sabemos si esta ayuda será la última pues, a pesar de ser una gran cantidad de dinero, sólo supone un 6% del total de créditos emitidos por las entidades financieras.

Entonces, el dinero público beneficiará a las grandes entidades bancarias que financiarán con dinero público su previsible proceso de concentración como reacción a la crisis, sin garantizar que ese dinero repercuta en absoluto en las condiciones de vida de las masas. Los bancos sólo prestarán dinero a las familias y empresas que tengan garantías de devolverlos, y las condiciones serán más caras que en años anteriores. Y es que el primer problema de miles de familias trabajadoras será pagar los créditos que ya tienen. n

1.- Público 12oct2008./2.- El País 1oct08/3.- El País Negocios 25 mayo 2008/4.- El País 1oct08/5.- El País 1oct08/6.- Público22oct08/7.- El País 1oct08/8.- El País Negocios 25 mayo 2008

La postura de los dirigentes sindicales

Los secretarios generales de la Conferencia Sindical Internacional (CSI), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Comité Consultivo Sindical ante la OCDE (TUAC), ha hecho pública una carta abierta en la que se responsabiliza al G-7 (grupo de las principales potencias económicas) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de haber promovido una «nueva arquitectura financiera» que ha contaminado el sistema financiero internacional, y a la que consideran causa de la actual crisis económica y social. Estos dirigentes consideran positiva la intervención de los bancos centrales y los gobiernos con el fin de restablecer la confianza y estabilizar los mercados de crédito. No obstante, insisten en que los gobiernos actúen como accionistas activos para proteger el interés público. Además piden que se ponga en marcha un plan de inversiones en infraestructuras, energías renovables y eficiencia energética. Piden a los gobiernos que trabajen para que una crisis como ésta no pueda volver a producirse, para lo que piden una nueva arquitectura reglamentaria que no sólo cubra el sector bancario sino a todo el sector financiero, para lograr que el sector financiero esté al servicio de la economía real. Piden que los representantes sindicales tengan cabida en las reuniones del G-8 y terminan planteando que «las organizaciones sindicales internacionales están dispuestas a asumir su responsabilidad en el momento actual». (Madrid Sindical, noviembre 2008)

Los planes de la patronal

a) Poner fin a las cláusulas de revisión salarial y terminar con la indexación de las remuneraciones de los trabajadores al IPC (previsto). Vincular los aumentos salariales a los incrementos de productividad.

b) Poner fin a la negociación colectiva como marco que establece unos derechos mínimos de lo trabajadores, sustituyéndolo por la negociación a nivel de empresa o individual entre el trabajador y el empresario.

c) Respaldo público al sector bancario, para garantizar la liquidez del sistema.

d) Profundizar en la privatización de servicios y empresas públicos.

e) Incrementar la inversión en obra civil (infraestructuras)

f) Facilitar la salida de las viviendas vacías de precio libre construidas en la última fase del auge, que ahora no consiguen vender, transformándolas en viviendas protegida.

h) Garantizar que el despido es más barato y que la Justicia dicte sentencias más favorables para el empresario (ahora habría un supuesto sesgo protrabajador).

i); Reducir los impuestos y aportaciones al erario público para las empresas.

Como podemos ver se trata de garantizarse tener el máximo apoyo del erario público, la entrega de nuevas esferas de negocio vía privatizaciones y la aprobación de nuevos recortes en los derechos laborales de los trabajadores. Una parte de sus reivindicaciones ya se han cumplido con el respaldo público al sector bancario y las otras se plantea de forma inmediata. Rodríguez Zapatero y Rajoy ya han pactado la urgencia de abrir un debate para llevar a cabo «reformas estructurales». ¿Qué podemos esperarnos?

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